La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha dicho que el Gobierno asturiano está esperando a que se levante el secreto de sumario para comparecer a petición propia en el Parlamento asturiano para "dar explicaciones" del "rigor" con el que ha actuado el Ejecutivo regional en el caso que ha llevado a la cárcel al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

Se trata del primer pronunciamiento público del Gobierno, después de que la Jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón dictase, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ex consejero de Educación , José Luis Iglesias Riopedre, por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios. Se ha decretado secreto de sumario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, y a preguntas de los periodistas, Migoya ha insistido en que sus manifestaciones son "la opinión del Gobierno". Así, ha dicho que el Ejecutivo regional "respeta" y "colabora" con la investigación judicial. "Hay que dejar trabajar a la Justicia y no es bueno hacer juicios públicos paralelos", ha señalado Migoya.

"El Gobierno está deseando que todo se clarifique para poder comparecer", ha manifestado, defendiendo la "diligencia" y la "contundencia" con la que ha actuado el Ejecutivo de este caso.

Ha querido además rechazar las acusaciones del PP de que se trata de una cuestión generalizada en la Administración asturiana. "El PP trata de poner en cuestión el trabajo bien hecho de muchísimos empleados públicos y de muchos responsables regionales", ha lamentado. El caso, ha añadido, "no está en el conjunto de la Administración, sino circunscrita a determinadas personas".

Además de al ex consejero, la Policía Judicial ha detenido este lunes a la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructura del Gobierno del Principado, María Jesús Otero, a la funcionaria del Principado de Asturias, Marta Renedo, y a los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín.

Migoya ha recordado que fue el propio Principado el que detectó que la funcionaria Marta Renedo "había fallado" y después lo ha puesto "en manos de la Justicia".

La dirigente regional ha rechazado que el Gobierno vaya a plantearse la modificación de los sistemas de contratación, dado que son "los mismos que en otras comunidades autónomas, son los que prevé la Ley de contratos".

COLABORACIÓN

Fue hace un año, en febrero de 2010 cuando la citada funcionaria, que ocupaba el cargo de jefa de Servicios Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno fue destituida por la propia Migoya. "En su momento, denunciamos su proceder irregular y cesamos fulminantemente a esa funcionaria, incluida la suspensión de empleo y sueldo", ha explicado la dirigente regional.

A partir de ese momento, desde hace un año, el Gobierno ha "colaborado" con la Justicia en todo momento, según ha explicado Migoya, que ha señalado que ha venido respondiendo a todos los requerimientos y acciones que le pedían desde el Juzgado. "Esa es nuestra obligación, así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo", ha comentado.

Eso sí, Migoya no ha querido aclarar si entre la documentación que el Gobierno regional ha remitido a la juez se encontraban cuestiones relativas a la Consejería de Educación, de la que fue titular Riopedre. En este sentido, Migoya ha señalado que no puede proporcionar esa información porque la situación está bajo secreto de sumario.

Preguntada sobre si el Gobierno había detectado alguna irregularidad administrativa durante todo este tiempo en la Consejería de Educación, que dirigía Riopedre, Migoya ha señalado que no le consta. Así, ha dicho que el Gobierno no conoce cómo la investigación ha llegado a Riopedre tras partir del caso de la funcionaria.

Areces aún no se ha pronunciado

A pesar de que José Luis Iglesias Riopedre estaba muy vinculado desde hace años al actual presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, éste no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo acontecido. Este martes, en un acto en Oviedo junto al embajador de Brasil, no admitió preguntas remitiéndose a una rueda de prensa de la portavoz.

Tampoco ha hablado este miércoles. No obstante, Migoya ha señalado que sus palabras son las de todo el Gobierno, incluido su presidente, es decir, Areces. "La opinión que yo acabo de dar es la opinión del Gobierno y, por lo tanto, de su presidente; y nada más", ha sentenciado.