Los sindicatos SATSE, UGT, CCOO, CSI-F, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE han iniciado este martes un proceso de negociación con el Gobierno regional con la intención de revisar los recortes a los empleados públicos que prevé la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Así lo han hecho saber los representantes de los ocho sindicatos, que han comparecido en rueda de prensa junto al consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, en la que han sentado las bases de ese proceso de negociación.

Los sindicatos, que aspiran plantear alternativas que eviten que las medidas lleguen a ser eficaces, y el Ejecutivo autonómico, que rechaza la derogación de la Ley, se han dado un plazo "de siete a diez días" para alcanzar un acuerdo. En función de la evolución de este diálogo, las centrales sindicales ponderarán el calendario de movilizaciones.

"A nadie se le escapa que si la negociación va por la buena dirección, no es bueno tener un clima de tensión, y si la negociación va por la mala dirección, inevitablemente, el enfado de los empleados públicos nos motivarán a seguir con la cadena de movilizaciones que seguimos realizando", según el secretario general de CCOO Región de Murcia, Daniel Bueno.

El Gobierno regional y los sindicatos, de momento, no han estudiado con detenimiento ni han puesto encima de la mesa ningún artículo concreto de la Ley, y han planteado una nueva reunión el próximo jueves para estudiar los márgenes de negociación y plantear la estrategia negociadora de un proceso que, según Sotoca, "no debe llevar más de siete a diez días".

El consejero ha explicado que la negociación se lleva a cabo "con cautela y con sigilo". En este sentido, ha destacado que sería "una falta de respeto" al proceso que el Gobierno regional estableciera unilateralmente "aquí y ahora, aquellos aspectos en los que se niega a negociar". No obstante, ha explicado que "lo que sí ha quedado claro es que la Ley no se va a derogar".

Los ocho sindicatos, agrupados en el Comité de Crisis que ha liderado las movilizaciones contra la Ley de recortes desde su aprobación en la Asamblea Regional, el pasado 23 de diciembre, han escuchado la negativa de la Administración a suspender o derogar la Ley, algo que, según Sotoca, sólo es posible jurídicamente mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, el representante de Anpe, Clemente Hernández, ha propuesto "suspender la Ley, lo que supondría que las medidas que perjudican a los empleados se queden sin efecto en un periodo corto de tiempo". Así, se ha mostrado dispuesto a que se haga "a través de otra Ley que derogue total o parcialmente la primera, o bien que se haga a través de un desarrollo normativo que hará que esos aspectos desaparezcan".

"voluntad de diálogo"

Sotoca ha manifestado que el encuentro "ha puesto de manifiesto la voluntad de diálogo, de negociación y de llegar a un acuerdo" porque, a su juicio, "existe margen en la interpretación, en el desarrollo, en la aplicación de la Ley y en la modificación de aquellos aspectos que estimemos conveniente modificar".

Bueno ha confirmado que este encuentro ha servido para tener "un primer intercambio de impresiones, algunas de las cuales ya eran bien conocidas". No obstante, ha destacado que, por primera vez desde la aprobación de la Ley, "se abre la posibilidad de modificar la Ley".

Así, ha planteado que los sindicatos "tienen que analizar ahora en qué condiciones se puede afrontar ahora esa negociación", y ha anunciado que "en breves fechas veremos si hay posibilidad de avanzar en ese proceso de negociación y de llegar a un acuerdo que ha calificado como "difícil" porque la distancia "es enorme sobre las medidas adoptadas y cómo se afrontan los problemas derivados del control del déficit".

Por ello, ha resaltado que el acuerdo va a significar "un esfuerzo por parte de todos, del Gobierno regional, para poder cambiar la situación y para poder darle un mensaje a los trabajadores de la Comunidad de que se gobierna pensando en el bienestar de los ciudadanos y de los trabajadores".

Por su parte, el secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, ha recordado que la Ley "ha tenido una gran contestación social" y ha augurado que "la va a seguir teniendo, en tanto en cuanto no seamos capaces de llegar a una solución del gravísimo problema que ha generado esta Ley".

"Puesto que grande es el problema, rápida tiene que ser la negociación y la eventual solución", según Jiménez, quien ha dicho que la negociación se va a iniciar inminentemente "con la ilusión y la responsabilidad que tenemos todas las organizaciones sindicales".

Al respecto, ha explicado que los empelados públicos de la Administración regional "nos piden la regresión de esta Ley y que las medidas recogidas en la Ley no tengan eficacia y se pueda recuperar el clima de relaciones laborales que siempre ha existido".

Jiménez ha reconocido que "es complicado negociar, porque no es igual dialogar con los acontecimientos que han tenido lugar, y no es igual que sea una propuesta, que sea una propuesta o que sea una Ley ya aprobada". No obstante, ha mostrado su esperanza en que esas medidas "no tengan eficacia práctica".

A su parecer, hay "otras alternativas", y ha puntualizado que los sindicatos "son capaces de plantearlas en este proceso de diálogo". Así, espera que se alcance una solución "con carácter inmediato".

El presidente autonómico de CSI-F, Ventura Martínez, ha dicho que "es necesario recuperar la confianza en el diálogo y en la negociación, porque el gran déficit de la Ley ha sido que ha estado falto de diálogo y negociación con los agentes sociales que representan a los empleados".

"Nos quedamos con unas palabras que nos ha dicho el presidente que nos abre una Ley y que nos animan a seguir negociando, cuando ha dicho que toda la Ley es coyuntural, que toda la Ley es modificable y revisable y negociable", ha dicho Martínez, quien se ha mostrado "con el ánimo de resolver esta dañina y reprobable Ley".

Por el contrario, el secretario de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, ha dicho estar "enormemente preocupado" por el hecho de que Valcárcel también haya dicho que esta Ley "no es revocable", por lo que ha mostrado su escepticismo en llegar a un acuerdo "a menos que el Gobierno regional cambie y dé muestra de que se puede confiar en su palabra, que rompió con la aprobación de la Ley".