El Sindicato de educación Suatea ha pedido hoy la dimisión de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, porque entiende que tiene una "responsabilidad política" en el supuesto caso de corrupción que afecta a la Consejería de Educación, y que ha conllevado el arresto, entre otros, del anterior consejero, José Luis Iglesias Riopedre, y de la directora general de Planificación y Centros.

En una rueda de prensa convocada para criticar la adjudicación de programas educativos a centros, el portavoz del sindicato, José Antonio Alonso, fue interpelado por el caso de Riopedre.

"Entendemos que hay una responsabilidad política de Migoya, que parece que se va de rositas en este asunto", señaló, si bien añadió una matización: "no le imputamos nada". Pero, a su juicio, "hay una responsabilidad política. No puede ser que la Consejería de Administraciones Públicas se considere responsable para unas cosas también del tema educativa y haya absorbido funciones de educación, y para otras diga que hay un consejero ahí".

Alonso tiene claro que Migoya "debe asumir la responsabilidad política, y debe asumirla con la dimisión". "No es tolerable", en su opinión, que se den "reveses judiciales", en referencia a las sentencias sobre el caso de la carrera profesional, "y luego se siga con no pasada nada y aquí estoy yo".

Alonso se mostró "triste" y aseguró que le causa "malestar" el hecho de que "personas con las que tuviste contacto sindical estén en esta situación". No obstante, entiende que "decisiones graves, como privación de libertad, no se toman a humo de pajas, por lo que debe de haber motivos fundados para ello", en referencia a la detención del ex consejero.

"Lo único que cabe es que el estado de derecho actúe hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades que pueda haber, y que cada mochuelo cargue con lo suyo", añadió.

Alonso también recordó que el caso conocido ayer está relacionado con la adjudicación de material a empresas privadas, pero señaló además el "parque inmobiliario extenso y envejecido", con el que cuenta el sistema educativo, y "en el que hay que realizar obras con frecuencia, de remodelación y adaptación". También aquí, recordó "hay dimensiones importantes de adjudicaciones", sobre las que solicitó que haya control público.

"Esto es un aviso de lo que pasa cuando se impulsan determinadas políticas de eficacia, que significan el suprimir obstáculos o sistemas de control considerados como obstáculos a la eficacia y la gestión rápida, y luego redundan en falta de transparencia y actuaciones irregulares o delictivas", concluyó.