Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente de la Asociación de Afectados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales, Bonifacio Berenguel, quien ha señalado que también están llamados a declarar, entre otros, el anterior asesor técnico de la comunidad Faustino P., Ángel P., y Francisco P., entre otros.

La querella, que se presentó a principios del pasado mes de diciembre, trata de depurar responsabilidades sobre la situación económica en la que se encontraba la comunidad una vez que fue recibida por la actual directiva. En este sentido, señala que el anterior presidente autorizó contratos con distintos proveedores sin consentimiento de la asamblea y a cargo del crédito otorgado por La Caixa.

En este sentido, la Asociación de Afectados de la comunidad de regantes de Rambla Morales rechazó por unanimidad la venta de la desaladora de la entidad a la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca Mediterránea (Acuamed), lo que pasaba por que La Caixa modifique las condiciones del préstamo que contrajo la comunidad para construir la planta en Níjar (Almería), con lo que conformó una deuda de 100 millones de euros.

Según indicó Berengel, los comuneros presentes, más de 500, votaron por unanimidad su negativa a la venta y su negativa a la novación del préstamo, ya que "la mayoría de los comuneros pensamos que eso es una estafa y que tenemos que aclarar todo el asunto, pues muchas asambleas se han producido de forma ilegal y sin ajustarse a derecho, por lo que debemos aclararla y no meternos en 'embolados'".