La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde hoy a un grupo organizado que llevaba a Valencia sustancias estupefacientes y psicotrópicas en paquetes postales y gran parte de ella la acababa distribuyendo por 'Las Cañas', zona conocida por la venta de droga al menudeo.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pide penas de entre cuatro y 15 años de prisión para 17 acusados miembros de este grupo organizado por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales. Además, les impone multas de un mínimo de 100.000 euros y un máximo de 400.000.

Uno de los acusados era el dirigente de esta organización que se encargaba de organizar envíos de cocaína desde Brasil, donde él tenía familia, y Ecuador, donde tenía contactos. Él daba los nombres a los que tenían que enviar los paquetes postales que portaban cocaína, de organizar la recepción de estos paquetes y la distribución de la sustancia. Utilizaba personas de origen ghanés y nigeriano, quienes distribuían la droga entre pequeños vendedores 'camellos' en la zona de 'Las Cañas'.

Igualmente, utilizaba 'correos' o 'mulas', es decir, personas que a cambio de una cantidad de dinero se desplazaban al país de origen de la droga para transportarla hasta España, entre sus pertenencias o en el interior de su cuerpo.

Los acusados organizaban el envío de paquetes postales a un local de recepción de envíos, ubicado en Valencia, en la calle Antonio Suárez. Este establecimiento se dedicaba, entre otras cosas, al alquiler de buzones; éstos se encontraban en el exterior de la tienda, con un acceso a modo de cajero automático que permitía utilizarlo 24 horas del día, los 365 días del año, con una llave facilitada por la empresa en el momento de formalizar el contrato.

Este local contaba con 130 buzones, numerados del 101 a 230, de los que 90 (101-190) eran de pequeño tamaño y sólo cabían sobres de pequeñas dimensiones en los que entraban pequeños paquetes, y siete de gran tamaño.

Para contratar los buzones, la empresa exigía la presentación de una documentación acreditativa de la identidad personal, pero prácticamente se obviaba y se admitía aunque se tratase de documentación extranjera, de personas en situación irregular en España.

Autoridades aduaneras —alemanas, bélgicas, francesas, inglesas— comenzaron a percatarse a partir de abril de 2004 del envío de estos paquetes con droga oculta. Estos envíos interceptados en otros países eran paquetes postales, que no envíos de correspondencia, que contenían en su interior distintas mercancías en las que se encontraba escondida la droga.