El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que este mismo lunes le ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del partido para que estudien la viabilidad de presentar una posible querella por actuaciones "presuntamente ilícitas" en el ámbito de la Consejería de Empleo, en lo que se refiere al posible uso fraudulento de casi 700 millones en prejubilaciones.

Según se ha publicado, la Junta habría utilizado concretamente 695 millones entre 2001 y 2010 para pagar prejubilaciones de manera ilegal, un dinero que la Consejería de Empleo habría transferido al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), convertido después en la Agencia IDEA, desde el año 2001, momento desde el que la Junta viene incentivando prejubilaciones en empresas en crisis ignorando la normativa de subvenciones.

En rueda de prensa, Sanz ha indicado que se van conociendo datos de un "escándalo político de gran magnitud", por lo que su formación considera necesario que el Gobierno andaluz ofrezca explicaciones "de inmediato". Por ello, el PP-A ha solicitado la convocatoria "urgente" de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, para que comparezcan en este órgano los consejeros de Empleo y de Economía, Innovación y Ciencia, Manuel Recio y Antonio Ávila, respectivamente.

El dirigente 'popular', que ha considerado "inexcusable" la comparecencia de ambos consejeros, ha explicado que existen datos de unas partidas presupuestarias que han podido sustanciarse al margen de la ley, por valor de casi 700 millones, vinculadas a la ejecución de expedientes de regulación de empleo, a través de un convenio de la Consejería de Empleo con el IFA para el pago definitivo de esas subvenciones.

Sanz ha asegurado que también podrían estar implicados los dos consejeros anteriores de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y que el actual titular del ramo, Manuel Recio, podría haber tenido una actitud de "encubridor" si conocía los hechos y no los ha denunciado ante la justicia. Además, ha apuntado que tambén podrían estar implicados directores generales y delegados provinciales de la Junta.

"El PP-A da un paso decisivo porque se vienen a probar las denuncias que venimos haciendo relacionados con la utilización de empresas públicas como medio para saltarse los procedimientos administrativos y parece que en este caso ése habría sido el propósito del convenio planteado entre la Consejería de Empleo y el IFA", ha añadido.

En esta línea, Sanz ha considerado "sorprendente" que en abril de 2010, cuando se cambia de consejero, se cambie también el 'modus operandi' con el que se actuaba y las partidas las vuelve a asumir de manera principal la Consejería de Empleo, mientras que hasta abril de 2010, con los anteriores consejeros ese convenio se desarrollaba transfiriéndole el dinero de Empleo al IFA.

"En abril de 2010 vuelven a la Consejería de Empleo, lo que tiene mucho que ver con las denuncias que estamos planteando, como si se hubiera detectado que era un procedimiento que se estaba siguiendo y que era irregular", ha apuntado el 'número dos' del PP andaluz.

Por último, Sanz ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz conteste a todas las dudas que se han puesto sobre la mesa, también en relación a la posibilidad de que hayan existido una serie de conseguidores e intermediarios, quienes recibían "importantes cantidades de dinero".