El juicio, que fue suspendido en septiembre, se celebrará ante el tribunal de la Sección Tercera que preside la magistrada Társila Martínez y se prolongará por dos sesiones los días 26 y 27. Los procesados fueron arrestados en 2005 en el marco de la denominada operación 'Retama', desarrollada de manera conjunta por Vigilancia Aduanera y Policía Nacional.

La Fiscalía apunta en su escrito de calificación que los seis procesados ejecutaron un plan "previamente trazado" para facilitar que dos lanchas rápidas procedentes de Marruecos arribaran al litoral de la barriada capitalina de Retamar y señala que todos eran los encargados de descargar y trasladar la droga en camión hasta un "lugar seguro" para su posterior distribución.

La operación 'Retama' se desarrolló en la madrugada del 18 de febrero de 2005 después de que los seis acusados, de entre 31 y 35 años, terminasen de alijar los 203 fardos de hachís a bordo de dos embarcaciones en la playa de Torregarcía. Después de trasladar los bultos a un camión que había sustraídos días antes en El Alquián, uno de ellos, José Antonio F.P., subió al vehículo y tomo la carretera N-340.

Dos vehículos de la Policía Nacional camuflados interceptaron el camión, al que los acusados había cambiados previamente las placas de matricula, cuando circulaba por la avenida principal de Retamar. Sin embargo, su conductor, según recoge el escrito de calificación fiscal, hizo "caso omiso "de las señales acústicas y visuales de alto y comenzó a embestir reiteradamente a los turismos que le cortaban el paso".

Tras varios acometimientos, José Antonio F.P. abandonó el vehículo e intento huir a pie aunque fue alcanzado por uno de los agentes, al que opuso "una fuerte resistencia". Como consecuencia de la actuación, ambos policías sufrieron lesiones por las que precisaron 24 días de curación. El Ministerio Público solicita para Antonio G.R.; Antonio L.R.; Francisco David C.R., Sergio Javier R.G. y José Antonio F.P., todos vecinos de Adra, así como para el ciudadano rumano Cornelius S., penas de cinco años y seis meses de cárcel como autores de un delito contra la salud pública, ocho meses por un delito de receptación y un año de cárcel más multa de 12 euros al día por un delito de falsedad en documento público. Al tiempo, interesa el pago de sendas multas de nueve millones de euros.

Para conductor del camión, pide, además, dos años de cárcel por un delito de atentado a lo que suma ocho meses por dos delitos de lesiones y otros seis meses por un delito de daños y pide que indemnice a los dos policías nacionales que resultaron heridos con esguince y politraumatismo con 1.152 euros a cada uno. El fiscal tasa en 5.121 euros los desperfectos ocasiones a los vehículos oficiales, cantidad que solicita abone José Antonio F.P. a la Dirección General de la Policía (DGP).