El Gobierno valenciano ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a realizar las acciones judiciales necesarias para exigir la responsabilidad penal contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como firmante y responsable de la orden de 29 de diciembre de 2009, por la que se declara la suspensión inmediata del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar.

El acuerdo, del que ha dado cuenta la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior al pleno, también incluye la autorización para iniciar acciones contra aquellas otras personas que pudieran resultar responsables por la comisión de una actividad delictiva, como consecuencia de la citada orden ministerial.

Con fecha de 29 de diciembre de 2009, la ministra de Cultura resolvió declarar que el PEPRI supone un expolio del conjunto histórico del Cabanyal-Canyamelar y suspender de manera inmediata su ejecución, así como de todas aquellas actuaciones administrativas relacionadas con este plan, según expone el Consell.

Ante el "convencimiento" de que la decisión adoptada por el Ministerio vulnera los principios del Estado de Derecho, "tanto en el respeto a las competencias propias de la Generalitat en la protección del patrimonio histórico como en el cumplimiento de las sentencias firmes que avalaban la legalidad del plan", el Ayuntamiento de Valencia solicitó al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado un dictamen jurídico sobre la orden ministerial.

Sánchez de León ha recordado que el contenido del citado dictamen pone de manifiesto con "contundencia" y "rotundidad" que no existe expolio y que la decisión ministerial "incurre en incoherencia que la hace irrazonable y arbitraria", al tiempo que persigue un "fin torcido, que supone una desviación de poder" con los efectos anulatorios previstos en la ley.

Por ello, el dictamen concluye que la orden es una decisión arbitraria que carece de fundamento objetivo y razonable, y que se basa en un presupuesto de hecho inexistente.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar fue aprobado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el 23 de marzo de 2001. Desde esa fecha, el documento ha sido objeto de nueve recursos contencioso-administrativos que concluyeron con una sentencia que declaraba su legalidad, según señala el Consell.

De estas sentencias, tres fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, que, en los tres casos, dictó sentencia que confirmaba la legalidad del plan.