La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma presentó ayer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), que este viernes ha ratificado el Consejo de Gobierno, para modificar el itinerario de la que sería la séptima manifestación convocada por las centrales sindicales para el martes, día 25, en contra de los recortes.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha precisado que la Sala de lo Contencioso del TSJ "se tendrá que reunir el mismo lunes para, definitivamente, decidir si la manifestación se hará por el itinerario que han pedido los sindicatos o con los alternativos que el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa". De forma, ha reiterado, que el lunes "tendrá que quedar resuelto".

El itinerario de los sindicatos continúa siendo el mismo que en las anteriores convocatorias, cuyo inicio se sitúa en la Plaza Fuensanta para después recorrer toda la Gran Vía y culminar en la avenida Teniente Flomesta.

Sin embargo, el itinerario previsto por el Ayuntamiento de Murcia discurre en torno al Río Segura. Se trata del paseo Teniente Flomesta, la plaza de la Cruz Roja, paseo de Garay, puente del hospital, avenida Infante Juan Manuel, plaza de los Voluntarios y puente Nuevo.

Al respecto, Reverte ha puesto de manifiesto que el objetivo de este recurso es evitar el paso de la marcha por la Gran Vía Escultor Salzillo de Murcia, lugar donde precisamente reside el presidente Ramón Luis Valcárcel.

Y es que, en las sucesivas convocatorias de protesta, la fachada del edificio donde vive Valcárcel se ha convertido en diana para algunos manifestantes que han lanzado huevos y naranjas contra la misma.

Según ha recordado la portavoz del Gobierno regional, desde el pasado 22 de diciembre se han producido al paso de las diferentes manifestaciones por esta principal arteria de la capital "hechos objetivos de alteración del orden público y, además, de forma reiterada, que aconsejan buscar una ruta alternativa con el fin de prevenir que éstos se vuelvan a producir".

De ahí, que el Ejecutivo considere que el cambio de itinerario que se solicitó, "sin éxito", a la Delegación del Gobierno está "plenamente justificado".

A ello se une el hecho de que la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, solicitó también un cambio de itinerario, en base a las "múltiples" quejas que vecinos, comerciantes, trabajadores de la zona y ciudadanos en general habían elevado al Consistorio, debido a "los retrasos en el transporte público, los colapsos de tráfico y las molestias generalizadas que ocasionan estas manifestaciones recurrentes a los usuarios de la Gran Vía".

No obstante, Reverte ha dejado claro que con esta acción judicial, el Gobierno murciano "no pretende impedir el derecho de manifestación, sino únicamente utilizar los recursos que contempla la propia legislación estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de intentar que no se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes con motivo del ejercicio del derecho de manifestación".

El contencioso, ha subrayado, ha sido interpuesto "por razones de urgencia", en la confianza de que las peticiones del Gobierno sean atendidas, "máxime cuando existen precedentes de itinerarios por otras calles de la ciudad, como fue el caso de la única marcha de protesta convocada por las centrales sindicales en contra del Decreto del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el pasado 20 de mayo".