Esta renta se empezó a pagar en 1990 como una  herramienta protectora en contra de la exclusión social y como ayuda para la inserción laboral.

Con el balance en la mano y los cambios sociales habidos (inmigración, más mujeres solas, crisis económicas) los actuales responsables de Benestar i Família cuestionan la validez del modelo. Lo avanzó ayer la consellera Anna Simó que admitió que a pesar de la «eficiencia» demostrada de la renta, no «mejora los casos de pobreza endémica», como  gitanos o personas con dificultad para encontrar trabajo. Por ello se quiere «desdoblar» las ayudas entre los que no entrarán en el mercado laboral y los que tienen posibilidades.

En este punto entra el nuevo Plan de inclusión y cohesión social de la Conselleria que se adapta a las nuevas caras de la exlcusión y la pobreza. Se aleja del asistencialismo para promocionar la autonomía de los beneficiarios y se acepta que la pobreza no es un problema del pobre sino de la  comunidad.