El secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Javier Arrillaga, ha acusado este miércoles al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y a su delegado en Ceuta, José Fernández Chacón, de "carecer" de la "voluntad política" que se precisa para acabar con el "grave problema de seguridad ciudadana" que, a su juicio, sufre la ciudad autónoma en la periférica barriada del Príncipe Alfonso, la más cercana a la frontera con Marruecos, donde este martes dos unidades policiales fueron víctimas de sendas embocadas "perfectamente organizadas".

En declaraciones a los medios junto a la responsable del sindicato policial en Ceuta, Ana Moya, ambos han alertado de que "si la institución competente, el Gobierno central, no toma cartas en el asunto con los medios humanos y materiales precisos y la voluntad política necesaria, que va más allá de soluciones policiales, esta problemática no se podrá controlar".

A juicio de Arrillaga la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, que consta de aproximadamente 450 efectivos, es "insuficiente" y los protocolos de actuación diseñados para trabajar en el Príncipe tampoco son los adecuados. "No se puede dejar este grave problema en manos de unidades que no están preparadas por la dirección para actuar en la zona", ha advertido Moya en alusión a la capacidad de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), cuyos efectivos fueron atacados ayer por un grupo de desconocidos, para responder a las agresiones violentas.

El líder de la UPF a nivel nacional ha exigido al delegado del Gobierno "que asegure la coordinación entre las distintas fuerzas policiales que prometió a finales de 2009 y que no se aplica". "Los policías nacionales son los que están en el Príncipe", ha explicado Moya, quien ha recordado que representantes de la Policía Local "han reconocido públicamente que sus agentes no suben a la barriada por miedo".

"Cuando nuestras críticas a los protocolos establecidos han sido más duras se ha desplegados a las unidades de Extranjería, Información, Judicial y de Intervención Policial, pero parece que los responsables policiales y políticos se han relajado", han criticado, "quizá porque en el Gobierno central priman otros intereses antes que resolver que para efectuar cualquier servicio de urgencia policial, sanitario o social haya que ir al Príncipe como si fuera un campo de batalla".