Alrededor de 150 sindicalistas de CCOO y UGT se han encerrado este miércoles durante tres cuartos de hora en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Palma, al grito de "Zapatero, queremos tu pensión", para exigir un acuerdo de pensiones negociado que dignifique la propuesta del Gobierno.

Este acto, que se ha repetido en las sedes del INSS de toda España, está enmarcado en la presión de los sindicatos para conseguir que la negociación entre UGT y CCOO, Gobierno, patronal y partidos políticos llegue a un acuerdo digno en la reforma de las pensiones, en la reforma laboral y en la de la negociación colectiva.

En opinión de CCOO y UGT, "la intención del Gobierno de vincular el futuro del sistema público de pensiones a la salida de la crisis implica un grave error porque precipita e improvisa un debate y unas soluciones que únicamente perjudican a los ciudadanos".

Para la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, las medidas propuestas por el Gobierno central son "innecesarias e injustas" en un momento en el que "hay una ocupación precaria y de salarios bajos y un elevado paro juvenil". "Esto no se soluciona con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años", ha añadido al dirigente sindicalista.

En opinión de Vicens, el sistema de pensiones es "sostenible si se reforma según las necesidades, racionalizando la edad media de jubilación, actuando por la vía de los ingresos y no solo sobre los gastos, aumentando las bases de cotización y elevando del 9 al 12 por ciento la parte del PIB destinada a gasto de pensiones".

Por su parte, el secretario general de la UGT, Lorenzo Bravo, ha insistido en que la reforma de las pensiones "no tendría que tener nada que ver con la crisis porque perjudicará a los trabajadores y parados y no a quienes la ha provocado".

El sindicalista ha afirmado que en UGT no están dispuestos a hacer "un cambio de cromos", por lo que exigen que se retire la propuesta del Gobierno de jubilarse a los 67 años y no se retoque la reforma laboral. Bravo ha remarcado que lo más grave no es la obligatoriedad de la jubilación a los 67 años, sino la ampliación de los años de cotización para calcular la pensión.

Ambos dirigentes han coincidido en que durante la negociación no se llevará a cabo ninguna huelga general, si bien no la descartan en caso de que el Gobierno les empuja "hacia un callejón sin salida", sin tener en cuenta sus propuestas alternativas.