La formación Izquierda Unida (IU)-Extremadura propone, para la mejora de la "sostenibilidad" del sistema público de pensiones, la sustitución de las becas efectuadas en empresas y administraciones públicas por contratos en prácticas.

Según indica, el incremento de los instrumentos de financiación del sistema público de pensiones depende, entre otros "muchos" factores, del número de cotizantes que aportan recursos al sistema de la seguridad social.

En nota de prensa, argumenta al respecto que la sustitución de las becas en empresas por contratos en prácticas supondría la "introducción" de "todos" los jóvenes que se ven afectados por esta modalidad particular de prestación de servicios en el sistema general de la seguridad social, lo que incrementaría a su juicio el número de cotizantes.

Además, considera que la medida "equipararía" la situación de derechos y deberes de los afectados con la del resto de los asalariados, en términos de protección social y prestaciones salariales que —recuerda— establece el Estatuto de los Trabajadores.

Izquierda Unida-Extremadura entiende que "carece de sentido" que se pretenda retrasar la edad mínima de jubilación, mientras que se instituyen figuras como las becas de investigación que "retrasan" la incorporación de los jóvenes al sistema de cotización de la seguridad social y "dificulta su equiparación" con el resto de los trabajadores en el mercado laboral.

Para IU, el sistema de becas practicado hasta la fecha tiene como "único propósito" la protección de los intereses de los empresarios "en perjuicio" de los derechos laborales de los jóvenes. DISCRIMINACIÓN

El sistema de becas empleadas en el ámbito de la investigación y para el primer empleo implica para la formación que "gran" número de jóvenes se encuentra en una situación por la que se ven "obligados" a cumplir deberes propios de una relación laboral "sin que en ningún caso esto se vea acompañado por el disfrute de los derechos que detentan los trabajadores, del mismo modo que restringe el aumento del número de cotizantes a la seguridad social".

De igual modo, considera que el sistema de becas empleado tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas supone una práctica "discriminatoria", puesto que para la inserción de trabajadores sin experiencia el Estatuto de los Trabajadores "ya" contemplan los mencionados contratos en prácticas, que "ya incluyen ventajas más que sufiencientes a favor del empresario".

Finalmente, sostiene que la adopción de este tipo de medidas constituye una "alternativa" a la reforma del sistema de pensiones que plantea el gobierno de Zapatero. En esta línea, entiende que la mejora de las posibilidades de financiación del sistema de pensiones requiere medidas que "mejoren" el ámbito de protección del sistema y la restricción del mismo.