El Juzgado de lo Social número cuatro ha dejado este miércoles vista para sentencia la causa relativa a la demanda promovida por Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla e imputado en las tres líneas de investigación incoadas en torno a esta empresa, contra la decisión de la actual directiva del mercado central de abastos de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. Durante el juicio, la compañía ha defendido su exclusión del procedimiento merced a su propia "interpretación" del acuerdo correspondiente al ERE, toda vez que la Fiscalía no ha detectado una "causa de discriminación" sobre este ex directivo en relación al resto de aspirantes a la prejubilación.

Además del propio Daniel Ponce, imputado en las tres líneas de investigación promovidas por el Juzgado de Instrucción número seis en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos, a la vista oral han acudido, en calidad de testigos, el actual director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, y varios miembros del comité de empresa, entre ellos su presidente, Rafael Domínguez (CCOO).

La demanda de Daniel Ponce, recogida por Europa Press, rememora que el 29 de marzo de 2007, el comité de empresa y la dirección de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, pactaron el derecho de los trabajadores a pre jubilarse "voluntariamente" siempre que se alcanzasen los 50 años de edad, medida cuya vigencia se extendía del 2 de mayo de aquel año al 31 de abril de 2010. El 25 de marzo de 2010, Ponce cumplía 50 años y solicitaba su adhesión al procedimiento con visos a su pre jubilación.

"trato desigualitario"

Ante la negativa de la empresa a permitir su adhesión al ERE, el ex director adjunto promovió una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), medida cuyo fracaso motivó la demanda que ha dado pie a este juicio. En su demanda, Ponce alega que merced al mencionado pacto entre la directiva de Mercasevilla y el comité de empresa, 40 empleados se han pre jubilado al ser reconocidos sobre ellos "los mismos derechos" supuestamente denegados para él, lo que constituiría un "trato desigualitario injustificado, expresamente proscrito por la Constitución Española, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales" de Daniel Ponce.

El abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, Simón Fernández, ha explicado a Europa Press al término de la vista oral que la representación de Mercasevilla ha defendido en este juicio su "legitimidad" a la hora de excluir a Ponce del expediente de regulación de empleo de 2007, esgrimiendo a tal efecto su "interpretación jurídica" del acuerdo sobre el que se sustentaba el procedimiento y alegando que a otros empleados del mercado central de abastos les fue denegada también la prejubilación. "Es una cuestión de interpretación jurídica de ese pacto", ha dicho el letrado de Daniel Ponce, quien durante la vista oral ha advertido de la "discriminación" sufrida por su cliente "a causa" de las diligencias penales en las que se haya imputado.

La Fiscalía, según ha explicado Simón Fernández, se habría pronunciando considerando que "no hay causa de discriminación" sobre Daniel Ponce por lo que se refiere al tratamiento del resto de empleados del mercado central de abastos que intentó acogerse al expediente de regulación de empleo de 2007. El juicio, de cualquier manera, ha quedado visto para sentencia.

El ere de 2007 Y

El caso mercasevilla

El expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en Mercasevilla, como se recordará, constituye la mayor losa financiera de la compañía al haberse desligado de su financiación la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados a tal efecto entre finales de 2007 y comienzos de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

Aunque el Gobierno andaluz reconoce la validez del procedimiento, entiende como "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Francisco Javier Guerrero en cuanto a la incentivación de las prejubilaciones en cuestión, que de hecho han quedado paralizadas precisamente a consecuencia de la postura del Ejecutivo autonómico. Este ERE, además, figura entre los aspectos investigados por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la posible comisión de un delito societario en la anterior gestión de la compañía.

Y es que tanto Ponce, como el antiguo director general de Mercasevilla Fernando Mellet, están imputados en las actuaciones promovidas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por ambos, las irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos de la empresa y el posible delito societario. Ponce, entretanto, permanece en la compañía como trabajador de los servicios generales gracias a la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declaraba nulo su despido previo.