El ministerio público ha pedido este martes en el juzgado de Instrucción número 7 de Valencia la absolución para una activista saharaui que ayudó el pasado mes de noviembre a montar una jaima durante una protesta a favor del pueblo saharaui ante la sede de Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana al considerar que no existió infracción penal. También ha señalado que la manifestación era "digna de admirar".

El fiscal ha adoptado esta decisión tras escuchar la declaración de la acusada y de dos de los agentes de Policía Local que dieron traslado a la autoridad judicial de la actuación de la activista saharaui. La defensa también ha pedido la absolución y la acusada se ha declarado inocente en base al derecho de reunión.

Momentos antes de comenzar la vista, decenas de personas se han manifestado en la puerta de la Ciudad de la Justicia con pancartas y con camisetas en las que se podía leer: 'Sáhara libre' y 'Aaium. Hermanos, nosotros no olvidamos'. Posteriormente han intentado entrar en la sala en la que se iba a juzgar a su compañera pero la mayoría no ha podido puesto que estaba limitada a una capacidad de público de unas 15 personas.

La acusada ha relatado ante el magistrado que desde el día 25 de noviembre de 2010, ella, junto a otro grupo de activistas, se estaba quedando a dormir frente a la sede de Delegación de Gobierno, ubicada en la Plaza del Temple, en iglús para hacer visible su lucha en favor del pueblo saharui. Ha afirmado que la Policía "había permitido este clima".

El sábado, día 28, decidieron montar la jaima tras haber mandado el día anterior un comunicado al Ayuntamiento de Valencia informando de sus pretensiones. Tras ello, no recibieron respuesta, pero tampoco la esperaban. Así, consideraban que con la comunicación habían "hecho lo correcto".

Sin embargo, se sorprendieron cuando agentes de la Policía Local se acercaron a ellos, incluso antes de montar la jaima, para pedirles que desmontaran los iglús. Tras no hacerlo, se volvieron a acercar para insistir en el requerimiento, y como no se desmontaron, les denunciaron por desobediencia. Seguidamente, regresaron y vieron que, además, estaban montando una jaima, por lo que denunciaron a la acusada.

La acusada ha indicado que le comentó a los agentes que su reivindicación era pacífica, que habían mandado un comunicado al consistorio para avisar de sus intenciones, y que pensaba que su lucha era "legítima". "Fue en todo momento una protesta pacífica", ha insistido.

También ha explicado que la relación con la policía fue "tranquila, normal", y que se concentraron en la parte de los jardines que hay frente a la Delegación para mostrar su reivindicación al Gobierno pero sin invadir la calzada para no molestar a los viandantes. La jaima, según ha comentado, continúa montada frente a la sede, a pesar de que otra compañera suya fue denunciada al lunes siguiente en que tuvo lugar el incidente también por desobediencia.

"no les habilitaba"

Los policías que han prestado declaración han señalado que en un primer momento el grupo concentrado le aseguró que iba a desmontar los iglús, pero sin embargo, "lejos de quitarlos, montaron la jaima", ha dicho uno de ellos. Han corroborado que les mostraron la comunicación que enviaron al ayuntamiento pero han dicho que ésta era sólo una solicitud y "no les habilitaba para nada".

Han indicado que el trato con estas personas fue "correcto, no hubieron altercados ni insultos ni menosprecio", y han coincidido en que acamparon en una zona ajardinada. No obstante, uno de ellos ha recordado que esta actuación iba en contra de la Ordenanza de Parques y Jardines.

El fiscal, tras escuchar estas declaraciones, ha pedido la absolución para la acusada en base a que no cree que exista ningún tipo de infracción penal y al principio de intervención mínima, que apunta a la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal.

Además, ha expuesto que en este caso existe "una balanza", ya que, por una parte, se incumplió la Ordenanza de Parques y Jardines y, por otra, el grupo de activistas realizaba, en base al derecho de reunión, una "clara" actuación reivindicativa por las circunstancias que atravesaba un pueblo. Una manifestación que ha considerado "digna de admirar". Así, entiende que la balanza "debe caer sobre esta última circunstancia".

"Es cierto —ha indicado— que se infringe una ordenanza y por eso puede haber una multa", pero también ha recalado que el grupo manifestante informó al ayuntamiento de sus intenciones y se colocó en un lugar "en el que no se podía causar menoscabo". Así, ha reiterado que no considera que la acusada cometiera ningún delito o falta, y ha señalado que si hay una multa "que se pague o se siga el trámite correspondiente". La defensa se ha sumado a estos argumentos y ha agregado que en este caso "primaría el principio de reunión o manifestación".