Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el acusado F.A.C. se puso en contacto en agosto de 2005 con una empresa dedicada a la venta de productos informáticos y, "haciéndose pasar" por el administrador de una segunda empresa, "condición que no ostentaba", contrató la adquisición de 160 unidades de plasma de 42 pulgadas.

Los responsables de la empresa supuestamente estafada "detectaron" al gestionar el seguro de la operación que F.A.C. "no era administrador" de esta segunda empresa, pero cuando le comunicaron a éste tal extremo "se aportó por los acusados" una autorización de la operación mercantil firmada por el acusado J.T.M., en la que éste aparecía como administrador de la sociedad, "un dato que no era correcto" pues ya había sido cesado en ese cargo, aunque ello no aparecía en el Registro Mercantil.

Pues bien, añade el fiscal que, con esta autorización, se cerró la operación limitada sin embargo a 80 unidades de plasma, que se entregaron en Dos Hermanas el día 16 de noviembre de 2005. Posteriormente, la empresa supuestamente estafada se dio cuenta de la trama, aunque los acusados se hicieron con las televisiones mediante pagarés correspondientes a la empresa a la que ya no pertenecían.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para cada acusado tres años de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito de estafa y un año y nueve meses de prisión y 1.800 euros de multa por un delito de falsedad continuada en documento mercantil, así como el abono de una indemnización de 100.688 euros.