La masacre de Tucson, en la que perdieron la vida 6 personas y otras 14 resultaron heridas -entre ellas la congresista estadounidense, Gabrielle Giffords-, ha reabierto en EE UU el debate sobre el derecho constitucional de usar armas y la necesidad social de controlar su comercio, según recoge En Latino.

Que un joven de 22 años pudiera portar legalmente una pistola semiautomática, matar a seis personas y herir a catorce, revive viejas polémicas sobre los requisitos que se deben exigir a los portadores.Y es que el agresor de la congresista estadounidense, Gabrielle Giffords, manifestaba tendencias agresivas y perturbación mental desde el colegio, pero esto no le impidió su acceso legítimo a un arma de fuego.

Sin embargo, la batalla contra la proliferación de armas es difícil y lo saben muy bien los apasionados defensores del control. La mayoría de los estadounidenses cuida celosamente este derecho consagrado en la segunda enmienda y para ello cuenta con un grupo tan poderoso como influyente: la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés), que cuenta con cuatro millones de integrantes.

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés) considera que América Latina es la región donde mejor se han aplicado las recomendaciones de la ONU para controlar la proliferación y el uso de armas de fuego.

"Fue la primera región en adoptar una definición de qué es un arma de fuego y en aprobar instrumentos regionales de control de armas como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA)", explica Daniel Luz, investigador de IANSA. El endurecimiento de penas y las restricciones para que los civiles porten armas de fuego se han fortalecido especialmente en Chile, Argentina y Brasil.

Perú cuenta con una Red para el desarme civil que apoya un proyecto de ley (actualmente en el Congreso) para controlar el tráfico ilícito de armas ligeras. Y sin ir muy lejos, en octubre de 2010 se celebró en Cartagena (Colombia) el VII Seminario sobre la aplicación del programa de acción de Naciones Unidas para combatir el tráfico ilícito y la proliferación de armas pequeñas y ligeras en Iberoamérica, en el que participaron autoridades (policías y militares), representantes de organizaciones civiles y parlamentarios.

En la teoría, mucha disposición a controlar el comercio ilícito de armas de fuego en la región pero en la práctica, las cifras siguen siendo alarmantes. Según datos de la ONU, el 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros que se producen en el mundo por año se registran en América Latina y el Caribe, regiones que concentran apenas el 8% de la población mundial.

La tasa de homicidios en la región se sitúa en 26 por cada 100 mil habitantes, es decir, tres veces más que en Europa, y se dispara por encima de los 40 en países como El Salvador, Jamaica, Honduras, Venezuela y Colombia. Para la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) la desigualdad y la falta de oportunidades marcan el origen de la violencia; pero también alerta sobre el tráfico de armas livianas sin ningún control.

Para hacernos una idea de la violencia que ronda las calles latinoamericanas, basta un vistazo al reciente estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que elaboró la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2010.

Latinoamérica ocupa los nueve primeros lugares:

1. Ciudad Juárez (México) con una tasa de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes.

2. Kandahar (Afganistán), con 169.

3. San Pedro Sula (Honduras) con 125.

4. Caracas (Venezuela) con 118.

5. Chihuahua (México), con 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.

6. Distrito Central (Honduras), con 109.

7. Ciudad de Guatemala (Guatemala), con 106.

8. Mazatlán (México), con una tasa de 88.

9. Culiacán (México), con 87.81.

10. Medellín (Colombia), con 87.42.