Las autoridades alemanas y de la UE se esfuerzan en contener la alarma desatada el pasado 3 de enero cuando funcionarios alemanes reconocieron haber encontrado piensos contaminados con dioxinas químicas áltamente tóxicas destinados a la alimentación de cerdos y gallinas y que contaminaban huevos, carnes de ave y a algunos cerdos en las granjas afectadas.

De este modo, se instituirá un nuevo sistema de concesión de licencias para los productores de aceites y grasas destinados a la alimentación de animales además de la obligación de separar la producción de estas grasas según vayan a usarse en la industria o en el engorde de animales, indicó la ministra alemana de Agricultura, Ilse Aigner.

Asimismo, los productores de piensos animales deberán contratar un seguro extra en el marco de las nuevas medidas para elevar los estándares de seguridad en la industria alimentaria.

"Elevaremos de manera significativa los estándares de seguridad y endurecerenmos la obligación de informar a las autoridades y las inspecciones", dijo Aigner en una conferencia de prensa en Berlín. "Los consumidores están esperando esta respuesta y vamos a dársela", añadió.

Además, el plan del Gobierno incluye la nueva obligación de que los productores de piensos animales prueben los ingredientes de sus productos ellos mismos e informen a las autoridades de los resultados de dichos análisis.

En este sentido, los laboratorios privados de análisis que descubren componentes sospechosos en los piensos animales o en los alimentos deberán informar a las autoridades de sus hallazgos.

Alemania también presionará a nivel de la UE respecto a los ingredientes permitidos en la producción de piensos animales, un esfuerzo en el que la 'locomotora' europea podría no encontrarse solo, añadió Aigner, quien subrayó que los niveles de dioxina encontrados no eran peligrosos para la salud.

Por otro lado, el Gobierno estudia ampliar las leyes criminales para cubrir el ámbito de la seguridad alimentaria, para que los que infrinjan la normativa se enfrenten a penas de cárcel y no sólo a sanciones administrativas.

Asimismo, se prevé la creación de un sistema de alerta temprana sobre los exámenes de dioxina cuyos resultados se recopilarán en un banco de datos.