El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se han comprometido este jueves a colaborar para identificar aquellas empresas mineras que sean rentables y puedan mantener su actividad más allá de 2018, así como a negociar ante la Unión Europea que no tengan que devolver las ayudas recibidas hasta la fecha.

Tras la reunión que mantuvieron ambos responsables, así lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien ha añadido que todas las demás empresas deberán acogerse al plan de cierre previsto.

Asimismo, la Junta ha solicitado al ministro la participación de las Comunidades Autónomas a través de un grupo de trabajo que desarrolle una estrategia "común" sobre el futuro del carbón más allá de 2018.

"Castilla y León quiere cooperar y participar en la toma de decisiones que se hagan en Europa. Con la información que tenemos creemos que hay grupos que pueden ir más allá al término de 2018 y lo que hay que negociar con la Unión Europea es que no haya que devolver las ayudas si las empresas demuestran que son competitivas", ha añadido.

Durante el encuentro, el ministro ha expresado al presidente de la Junta que confía en una solución satisfactoria respecto a la legalidad del Real Decreto del carbón a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, después de que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional hayan decidido levantar las medidas cautelares aplicadas contra el decreto, en el que se incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas.

Tras destacar que el Gobierno regional ha mantenido "siempre" una actitud de colaboración con el Ministerio, Villanueva ha insistido en que la Junta de Castilla y León considera "incomprensible" la actitud de las compañías eléctricas y la postura de alguna Comunidad Autónoma después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, con el apoyo de la Xunta de Galicia, solicitaran el pasado lunes al Tribunal General de la Unión Europea que mantenga suspendido cautelarmente el Real Decreto español de ayuda al sector del carbón hasta que dicte sentencia definitiva sobre si es o no compatible con la legislación comunitaria, lo que podría tardar dos años.

Asimismo, el ministro ha manifestado al jefe del Ejecutivo regional que el Gobierno ya "está trabajando" en el adelanto de las ayudas de 2011 para facilitar el problema de tesorería de las empresas mineras.

Villanueva ha señalado que durante la reunión, que se ha desarrollado con "normalidad y rigor", se han abordado otras cuestiones como el plan de energías renovables, el futuro de las cámaras de comercio o el sector del automóvil.

Sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña, Herrera ha trasladado la ministro la postura del Gobierno regional sobre el mantenimiento de la central y ha solicitado que reconsidere la decisión del cierre en 2013.