La portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, se ha desvinculado de la trama investigada en el marco de la operación Cloaca en torno a una presunta emisión de facturas falsas y cobro de comisiones desde el departamento perteneciente al Consell de Mallorca, hechos por los que se habría desviado aproximadamente un millón de euros desde el año 2005 a través de la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos.

En declaraciones a Europa Press, Julve se ha desmarcado de forma tajante de estas pesquisas, con las que asegura "no tener nada que ver", y ha defendido que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban infladas o no. "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", ha recalcado.

Es más, ha negado haber llevado a cabo cualquier tipo de modificación de contratos para beneficiar a las empresas concesionarias de la gestión de residuos sólidos, entre ellas Tirme, e incluso ha asegurado que ni estas compañías ni el ingeniero técnico industrial encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva así como de controlar la ubicación y gestión de los contenedores de recogida selectiva de la isla, Gabriel Perelló, detenido este miércoles dentro de este nuevo caso, se dirigieron a ella para promover estas supuestas irregularidades.

Además, ha incidido en que la adjudicación de estos servicios desde el Consell a estas empresas fue materializada en 2003, cuando el departamento de Medio Ambiente, ha señalado, se encontraba en manos del conseller Miquel Àngel Boorràs.

De acuerdo a las investigaciones, la trama se habría iniciado después de que las concesionarias comenzasen a ver en los Ayuntamientos una competencia desleal, ya que las corporaciones municipales también podían encargarse de la gestión de la recogida selectiva, lo que les generaba pérdidas al no recibir tantas toneladas de restos sólidos para su tratamiento y verse de este modo afectado su equilibrio económico-financiero.

El detenido se declara "inocente"

Así, según las pesquisas, estas empresas se habrían reunido con el ingeniero técnico a fin de "apañar" entre ellos un entramado que permitiera "vestir" las facturas y que las concesionarias vieran de esta forma resarcidas sus pérdidas económicas. En cualquier caso, el letrado que defiende al arrestado, Bartolomé Oliver, ha afirmado que su patrocinado "se declara inocente" de los cargos que se le imputan en esta operación de presunta corrupción y que así lo transmitirá en su declaración como arrestado en dependencias de la Policía Nacional.

A lo largo de esta mañana, efectivos del Grupo de Delincuencia Económica, acompañados por los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, han registrado la sede del departamento insular de Medio Ambiente, en la calle General Riera, así como empresas privadas en Inca y Manacor. Los agentes se han incautado de numerosos expedientes relacionados con las concesiones a las mercantiles que se encuentran bajo la lupa judicial. La operación continúa abierta y bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción número 9, encargado de la causa.