El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana ha emitido un informe en el que considera que la eliminación del escudo franquista "no es un deber jurídicamente exigible a las administraciones públicas, ya que su presencia no supone por sí misma la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil ni de la represión de la dictadura, conforme exige el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica".

El organismo ha llegado a esta conclusión en un informe no vinculante aprobado en pleno —y que cuenta con dos votos particulares de Vicente Cuñat Edo y Ana María Castellano Vilar— realizado después de una consulta del Ayuntamiento de Valencia sobre si el escudo de España oficial entre 1938 y 1981 está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 15 de la norma estatal por simbolizar personal o colectivamente la sublevación militar, el conflicto armado o la represión que se llevó a cabo en los años siguientes.

A su vez, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia había presentado una moción en la que reclamaba "la retirada de todos los símbolos de la dictadura franquista en los edificios y espacios públicos de la ciudad, con especial referencia a la eliminación de los escudos anticonstitucionales".

Al respecto, el dictamen del CJC explica que "todo escudo o símbolo heráldico tiene por objeto representar gráficamente determinados valores con una finalidad identitaria de su usuario". En ese sentido, recuerda, "la simbología que se incluyó a la sazón en el Escudo de España pretendió representar el 'nuevo Estado', que surgió con la 'revolución nacional de 1936", en palabras de un decreto de 1938.

Principalmente, las novedades aplicadas al escudo consistieron en la adición de un águila de San Juan —"elemento ya utilizado en los escudos hispánicos del Renacimiento"— y el haz y el yugo de los Reyes Católicos que la Falange había adoptado como emblema.

"Dicha simbología —prosigue el informe—, por su propia naturaleza, es expresiva de unos valores que asumía como deseable un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un Estado democrático constitucional como es el Español actual".

No obstante, opina que "aquellos símbolos exteriorizan gráficamente el cambio histórico que supuso al finalizar la Guerra Civil el paso de un régimen republicano constitucional a uno dictatorial. Pero no son por sí mismos una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica".

Por estas razones, afirma que "no puede derivarse de dicha Ley la obligación imperativa de retirar los escudos discutidos, máxime cuando, además, el legislador podría haber establecido aquella obligatoriedad si así lo hubiera estimado oportuno, bastando para tal fin únicamente que se hubiera contenido una descripción expresa de tales escudos, y anudada a ella la determinación clara, inequívoca e incondicional de su sustitución en todo caso".

De este modo, llega a la conclusión de que la retirada del escudo vigente a partir de 1938 y hasta principios de los ochenta "no es un deber jurídicamente exigible a las administraciones públicas" aunque precisa que "todo ello sin perjuicio de que pueda estimarse procedente su sustitución, siempre con las limitaciones comprendidas en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 33/1981 de 5 de octubre" sobre el escudo nacional.

Sobre el informe de la institución consultiva, el concejal socialista Juan Soto ha asegurado que esgrime una "argumentación preocupante y perversa", puesto que, aunque reconoce que los escudos franquistas son de un régimen dictatorial, al final propone "una entelequia absolutamente incosistente para disociar la simbología de un régimen dictatorial de la simbología de la represión que ejerce".

"La actividad represora es consustancial a un régimen dictatorial", ha sentenciado Soto, quien ha hecho notar que "no existía un escudo específico de la represión, sino que era el propio del régimen". "¿Qué escudo si no es el que presidía los espacios donde se torturaba?", se ha preguntado.

"TORPEDO"

En la misma línea, el representante del PSPV ha calificado el dictamen de "torpedo a la Ley de la Memoria Histórica, una norma estatal que pretende normalizar la simbología democrática de los espacios públicos de las ciudades". "Me parece que es una rebeldía jurídica la que se plantea desde el CJC al no ajustarse a la voluntad inequívoca del legislador", ha apostillado.

Soto ha dicho entender que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "se haya resistido a normalizar y retirar escudos de esta época pero lo que es sorprendente es que el Consell Jurídic Consultiu se alinee con estas tesis".

Finalmente, el concejal ha recordado que, "en todo caso, el CJC no dice que sea ilegal retirar los símbolos sino que deja esa opción, a través de una argumentación discutible, a la voluntad democrática del Ayuntamiento".