El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos, ha rechazado este miércoles en una resolución "el fracaso de la política económica y social del Gobierno español, que se ha centrado exclusivamente en dar satisfacción a los mercados con recortes de gastos sociales y de derechos de trabajadores y pensionistas", tras exigir "una nueva política que se base en la inversión como fuente de riqueza y de creación de empleo".

El sindicato extiende también su crítica y rechazo a una política del Gobierno de Cantabria "con los mismos criterios de actuación", a quien acusa de haber sido "incapaz de concretar un Plan de Empleo que dé respuesta a las necesidades de Cantabria", mientras que en la región "en 2010 ha aumentado el desempleo y se ha reducido la contratación indefinida hasta el extremo de ver disminuida a sólo un 7,8% su peso respeto al balance total".

En su resolución, el Comité Regional destaca "el deterioro del diálogo social y también de la Concertación Social en Cantabria" como muestra inequívoca de "un absoluto fracaso" de unas políticas gubernamentales que "sólo se han preocupado de reducir el gasto, suprimir las inversiones productivas y recortar derechos a los trabajadores y a la negociación colectiva".

Para el Comité, esta política sólo ha conseguido "profundizar en la recesión, generar un menor consumo fruto del empobrecimiento de los ciudadanos y alejar la posibilidad de recuperación económica y de crear empleo de calidad y con derechos en el marco de un nuevo modelo productivo".

"Al aumento del IVA, que afecta a las rentas más bajas, tenemos que unir el desmesurado incremento del IPC el año pasado (2,9%), por lo que UGT considerará prioritario el cumplimiento del Acuerdo de Negociación Colectiva con las cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, que han aumentado por debajo del referido IPC", agrega.

Negociación y movilización

UGT reitera su voluntad de "agotar todas las vías de negociación para recuperar los derechos perdidos con la reforma laboral y para que no se deterioren los derechos de la jubilación de los trabajadores, aunque sin olvidar la movilización".

El Comité Regional rechaza en su resolución "por injusta e innecesaria" la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años de manera obligatoria y demanda "el fortalecimiento de todos los servicios públicos, la modernización de los de empleo y la reforma de las políticas activas de empleo".

Para esta última reivindicación, el sindicato exige "una política económica y social que combata el paro de los jóvenes y su alta precariedad laboral, que base la empleabilidad en la formación y atienda la preocupantes situación de miles de trabajadores de edad avanzada que son expulsados del puesto de trabajo después de muchos años de actividad".