La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) ha lamentado la ausencia de datos de impacto económico que supone el decreto ley de reordenación del sector público, mientras que Consumidores en Acción-Facua ha demandado mayor calidad de los servicios públicos, toda vez que este decreto ley "se plantea simplemente mantener la calidad actual de los servicios, que es manifiestamente mejorable".

Ambas organizaciones de consumidores han comparecido este martes en comisión parlamentaria para abordar el decreto ley de reordenación del sector público.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UCE-A, José Luis Gómez Boza, ha indicado que le parece bien que se abra el debate de esta norma a la sociedad a través del debate parlamentario".

Para Gómez Boza "todo lo que sea optimización del gasto público nos parece bien, aunque queremos que el dinero se gaste de forma óptima y eficiente, algo que se pretende hacer con la reestructuración del sector público".

No obstante, ha echado en falta que se aporten "más datos técnicos y económicos de lo que significa el ahorro y la reestructuración del sector y no valoramos el impacto real de las medidas".

Asimismo, ha valorado la creación de empresas públicas en aras de una mejor calidad del servicio a los ciudadanos y ha solicitado que, aprovechando la reestructuración, se cree la Agencia Andaluza de Consumo, una petición "histórica" de la UCE y que "es un buen momento para crearla".

Por último, Gómez Boza ha pedido que dicha reestructuración "en ningún caso merme la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano, de forma que ninguna medida adoptada en el ámbito laboral no merme la calidad del servicio ni los intereses de los ciudadanos".

Por su parte, el secretario general de Consumidores en Acción de Andalucía-Facua, Rubén Sánchez, ha criticado la "ausencia de referencias a la necesaria mejora de los servicios administrativos", toda vez que "la norma se plantea simplemente mantener la calidad actual, que es manifiestamente mejorable".

Asimismo, considera que los ejes sobre los que deben girar la reordenación es "el principio de organización de la administración, la atención ciudadana, el interés general y la calidad de los servicios".

En ese sentido, ha lamentado la "claramente insuficiente participación ciudadana" en esta tramitación "tanto en la elaboración de la norma como en el diseño de la nueva estructura que se crea".

Además, ha criticado que "no se justifique ni argumente la creación de las agencias administrativas y públicas empresariales" y ha lamentado que "en el texto no hay explicación sobre por qué esta estructura va a ser mas eficaz que la que sustituye".

Fiscalización y control

Asimismo, reclama que se garantice el carácter publico de las agencias mediante instrumentos jurídicos "que refuercen ese carácter público, como controles parlamentarios, sujeción al control y fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que su presupuesto forme parte de los presupuestos generales de la Junta".

Ha criticado que se prevea que cualquier modificación o refundación de las agencias pueda efectuarse mediante decreto en lugar de una ley, ya que en ese caso, "volveríamos a la misma polémica actual".

"No hay garantías de que en el futuro se introduzcan cambios en las agencias", ha agregado Sánchez, quien ha mostrado sus dudas sobre la existencia de "diferencias" entre las agencias administrativas y las agencias públicas empresariales, de manera que "puede posibilitar la externalización de diversos elementos y administraciones paralelas y crear confusión entre los administrados".