El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado a declarar de nuevo, el próximo 27 de enero, al ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y al ex director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, en el marco del caso que investiga un presunto desvío de fondos desde la Administración pública a personas afines a UM y una supuesta financiación irregular de la formación nacionalista, más conocido como caso Maquillaje.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que Nadal deberá deponer a partir de las 10.00 horas mientras que la comparecencia de Lliteres está fijada a las 12.00. Precisamente, éste último prestó declaración el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que "ningún dinero" del Consell se ha desviado a UM, desvinculándose de este modo de los contratos efectuados por las empresas Vídeo U y Ambbit Digital, que presuntamente estaban en manos de la formación, a personas que sólo habrían trabajado para el partido nacionalista.

Lliteres, defendido por el abogado Matías Barón, negó así su participación en la presunta trama urdida por los 'uemitas' para financiar de forma ilegal a la formación, por la que han confesado una docena de imputados que habrían sido contratados de manera fraudulenta por Vídeo U y varios organismos públicos cuando en realidad realizaban trabajos en favor de este partido, principalmente electorales.

Por su parte, Nadal, asistido por el letrado José Zaforteza, se enfrenta en esta causa a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, y contra él el juez decretó la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y su comparecencia mensual ante el juzgado a fin de evitar que se sustraiga de la acción judicial.

Es más, en el marco de una de las piezas del caso Maquillaje, la Fiscalía anticorrupción reclama sendas penas de seis años de prisión tanto para Nadal como para la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, acusados de desviar 240.000 euros de la Institución supramunicipal durante la pasada legislatura a productoras que presuntamente manejaban a través de supuestos testaferros, que también serán enjuiciados por estos hechos.