PSCL espera que el Tribunal de Luxemburgo se posicione a favor del decreto del carbón, considerado "viable" por el TS

El Partido Socialista de Castilla y León ha mostrado este lunes su deseo de que el Tribunal de Luxemburgo se posicione a favor del decreto del carbón, que ha sido considerado "viable y legal" por el Tribunal Supremo.
Descarga de carbón
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Descarga de carbón

El Partido Socialista de Castilla y León ha mostrado este lunes su deseo de que el Tribunal de Luxemburgo se posicione a favor del decreto del carbón, que ha sido considerado "viable y legal" por el Tribunal Supremo.

En la rueda de prensa posterior al plenario de la Ejecutiva autonómica, el líder de los socialistas de la Comunidad recordó que el Gobierno espera que el fallo de Luxemburgo sea "positivo". "No tendría por qué decir lo contrario", aseveró antes de recordar que el Tribunal Supremo ha "dejado claro" que el decreto es "viable y legal" y que constituye un 'no' a las eléctricas.

Cabe recordar que la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelarísimas que había aplicado sobre uno de los desarrollos normativos del real decreto del carbón nacional, según establece el auto.

El levantamiento de las cautelarísimas, acordado por el magistrado José Luis Requero, responde a un recurso presentado por el abogado del Estado al que se han sumado posteriormente las eléctricas E.ON y HC, así como la patronal Carbunión.

El frente de la Audiencia es, junto al del Supremo, uno de los tres en los que las eléctricas intentan evitar la aplicación del decreto, en el que se incentiva la quema de carbón nacional en centrales térmicas.

El tercer frente corresponde al Tribunal de Luxemburgo, que hoy ha convocado una vista judicial entre las tres grandes eléctricas y el Gobierno para determinar si mantiene las medidas cautelarísimas aplicadas en octubre.

El tribunal comunitario adoptó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior. El Ejecutivo comunitario había adoptado esta decisión después de que el Gobierno aceptase retirar de la ley una compensación, a modo de lucro cesante, para las centrales desplazadas que, a juicio de la Comisión, era ilegal.

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