Cantabria registró en los nueve primeros meses de 2010 un total de 1.151 rupturas familiares, 105 más que el mismo periodo del año anterior.

Esto supone un aumento del 10,04%, el tercer mayor incremento del país por detrás de los experimentados por Murcia (11,81%) y Extremadura (10,26%), según datos difundidos este lunes por el Instituto de Política Familiar (IPF).

Según el informe, en La Rioja, Canarias y Navarra el número de rupturas ha disminuido con respecto al año pasado, un 4,05%, 2,57% y un 0,51%, respectivamente.

En el conjunto de España, entre enero y septiembre hubo 92.767 rupturas, —86.834 divorcios, 5.813 separaciones y 120 nulidades—, lo que representa 2.867 más que en idénticos meses de 2009, esto es, un repunte del 3,2%. El dato se traduce en 344 rupturas al día, lo que equivale a una cada 4,2 minutos.

Cantabria es, además, la segunda comunidad con mayor porcentaje de divorcios, en concreto, un 95,2% del total de separaciones, por detrás de Canarias (95,7%) y seguida de La Rioja (95,1%). Las tres se sitúan por encima de la media nacional, que es del 93,6%.

Mientras, Extremadura es la comunidad que registra el menor porcentaje de divorcios en las rupturas matrimoniales, con un 90,1% de los casos.

Según el informe del IPF, Andalucía es, con 17.359 rupturas en los nueve primeros meses del 2010, la comunidad autónoma con mayor número de rupturas, seguida de Cataluña (16.817) y Madrid (12.896).

Por su parte, La Rioja es la comunidad autónoma con menor número de rupturas, con 474, seguida de Navarra (981) y Cantabria (1.151 rupturas).

Se agrava el problema

Según el portavoz y vicepresidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo, estos datos confirman que la problemática de la ruptura familiar en España se ha agravado de tal forma que ni la crisis económica ni el descenso del número de matrimonios han logrado contener el número de rupturas familiares, a pesar de que habían sido dos de los principales factores en el descenso en los últimos años.

Igualmente, ha dicho que demuestran la gravedad del problema y que siendo el principal problema de las familias españolas, sin embargo "las administraciones no están haciendo prácticamente nada para ayudar a resolverla".

Por ello, el IPF ha señalado que las administraciones no pueden seguir "permaneciendo indiferentes" ante una problemática como es la inestabilidad familiar y su crecimiento continuo. "No se está preservando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal", ha señalado Martínez-Aedo.