La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que con la entrada en vigor el día 2 de enero de 2011 de la nueva ley antitabaco que garantiza los espacios libres de humo, el objetivo "es el de reducir el consumo de tabaco en un 11 por ciento en Andalucía", donde una de cada tres personas fuma (31,1%), una cifra que ha tachado de "inaceptable".

En rueda de prensa en la que ha realizado un balance de los cinco años del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), y en la que estuvo acompañada por la secretaria general de Salud Pública y Participación, Josefa Ruiz, Montero ha manifestado que "es una buena oportunidad para aquellos que quieran dejar de fumar", porque, ha recordado, el tabaco "es la primera causa de muerte prevenible".

En este sentido, y según una encuesta de la Semfyc, se ha informao de que el 71 por ciento de los andaluces son partidarios de prohibir el consumo de tabaco en todos los locales de ocio cerrado —cuatro de cada diez fumadores están a favor de la medida— y el 83,7 por ciento de los andaluces acudiría igual o más a locales de ocio 100 por cien libres de humo y sólo el 16,3 por ciento acudiría menos; mientras que el 61,3 por ciento de los fumadores admiten que acudirían igual o más a estos locales.

Además, Montero ha señalado que durante los primeros meses de 2011 "se intensificará la vigilancia y al principio de la ley habrá un mayor despliegue de inspectores para velar por el cumplimiento de la ley", pero, ha añadido, "la tarea más cotidiana es el continuo llamamiento que tienen que hacer los empresarios, trabajadores o ciudadanos para poner en marcha esta actuación", y en este sentido ha dicho que "hay que concienciar a los empresarios".

Asimismo, ha señalado que a aquellos ayuntamientos que tienen competencias en salud pública —Sevilla, Granada y Málaga— "ya se les ha informado de que la Junta asumirá las inspecciones en aquellos lugares que tengan dificultades para llevar a cabo dichas inspecciones durante los primeros meses", para que estos ayuntamientos puedan "garantizar y velar por la calidad del aire".

Sobre dónde se pueden interponer las denuncias a aquellas personas que fumen en lugares no permitidos, Montero ha apuntado que "se puede interponer en cualquier lugar de la Administración, como el Ayuntamiento o la Policía Local", y ha animado a que se haga en este último entorno para que "no haya demora administrativa". "Se puede denunciar al local, responsable de velar por el cumplimiento de la ley, y también se pueden proporcionar los datos de la persona que no la está respetando", ha añadido.

Finalmente, y sobre las sanciones, Josefa Ruiz ha señalado que éstas pueden ir desde los 30 euros "por fumar en un lugar prohibido, hasta los 600.000 euros cuando el delito ya se produce por cuestiones de bastante envergadura".