UGT Extremadura ha indicado que la reforma del sistema de pensiones debe hacerse por "consenso" y en ningún caso "dar la espalda a la ciudadanía". Además, ha advertido de que, en el caso de la región extremeña, la propuesta del Gobierno para amplicar el cálculo dejaría a un gran número de jubilados cerca del "umbral de la pobreza".

En nota de prensa, UGT Extremadura destaca que, después de 15 años de andadura del Pacto de Toledo, ésta es la primera vez que concluye sin el consenso de todos los grupos parlamentarios "por las presiones del Gobierno para imponer obligatoriamente la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años".

Además, el sindicato echa en falta una mayor concreción en las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo y recuerda que cualquier reforma que se adopte en materia de pensiones "debe contar, también, con el consenso social, porque si no estará abocada al fracaso".

En este sentido, UGT exigirá al Gobierno en la negociación que abandone su máxima de prolongar, obligatoriamente, la edad legal de jubilación a los 67 años de edad.

Recorte del 3,5%

El sindicato denuncia, asimismo, que ampliar el periodo de cálculo de las pensiones "supondrá un recorte en la cuantía de las mismas, mayor cuanto mayor sea el número de años que se amplíe". Así, ampliar de 15 a 20 años el periodo de cálculo supondría un recorte medio de las pensiones del 3,5% (según la pensión media actual), sostiene UGT.

En Extremadura, con los índices de temporalidad y donde los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, los jubilados "cada vez van a pisar más cerca el umbral de la pobreza". "También a la larga habría trabajadores en Extremadura que ni siquiera llegarían a general el derecho a cobrar una jubilación", alerta.

UGT Extremadura es partidario de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto, medio y largo plazo, pero en ningún caso va a aceptar que la reforma del sistema "sea a la baja, recortando los derechos de los pensionistas presentes y futuros".

Por otro lado, el sindicato quiere reiterar, una vez más, su crítica a la congelación de más de cien mil pensiones en la región, "pues el Gobierno vulnera el compromiso de actualizar las pensiones cada año conforme al IPC".

"Una medida injusta que hace recaer, en este caso, sobre el colectivo de pensionistas, parte del coste de una crisis que no han provocado y que están padeciendo", sentencia el sindicato.

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