La organización agraria Asaja-Sevilla ha señalado que cuando aún no está resuelto el compromiso del Gobierno de buscar una salida al incremento de coste de las tarifas eléctricas de riego, una nueva subida pone al borde del "colapso" al regadío andaluz, que con casi un millón de hectáreas no sólo tiene la mayor superficie de riego de España, sino que además, es el más moderno y dinámico de todo el país, puesto que más del 45 por ciento de toda la superficie emplea sistemas de riego localizado (riego por goteo) que consumen menos agua pero demandan más energía.

Con la desaparición de las tarifas especiales de riego en 2008 la factura eléctrica para los regantes se ha incrementado en un 110 por ciento, "un coste inasumible" para un sector en pérdidas que llevó a que desde Asaja se promovieran denuncias y movilizaciones que posibilitaron la apertura de mesas de negociación en todos los frentes para "evitar el colapso definitivo de un sector clave en la economía andaluza y española", según ha indicado en una nota.

Así, afirma que el paso obligado de los regantes de un mercado regulado al supuesto mercado libre supone "una falacia", dado que tal mercado "no es realmente libre, puesto que ni es transparente, ni se da una competencia real entre las suministradoras, ni existe por tanto posibilidad de elección para el consumidor". Se trata, a su juicio, de "un mercado opaco, en manos de dos compañías que actúan en situación de oligopolio, que son a su vez productoras y distribuidoras, y que se fijan a si mismas en una subasta, que es toda una farsa, el precio del kilowatio/hora".

Para el sector agrario y especialmente para el regadío, la desaparición de las tarifas especiales de riego y la incorporación al mercado libre en junio de 2008 supuso "un duro golpe, y tuvo graves consecuencias para este sector", que fue el sector económico que más incrementó sus costes energéticos en el ejercicio de 2008, en el ejercicio de 2009 y en el ejercicio de 2010, con incrementos anuales superiores al 70 por ciento, "un triste récord para un sector en pérdidas cuyo consumo eléctrico es marcadamente estacional, lo que reconoce la propia Comisión Nacional de la Energía que cifra en tan sólo el ocho por ciento el factor de utilización de la potencia contratada en el sector del riego", ha apuntado.

Este es uno de los argumentos que Asaja ha puesto sobre la mesa en las 15 reuniones que, a instancias del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se han celebrado en los dos últimos años con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural (MARM).

Asaja exige que se reconozca el carácter estacional del regadío, que necesita una elevada potencia para bombear agua durante los meses más secos, pero que cuando termina su campaña de riego no vuelve a utilizar esa potencia que tiene contratada y que ahora está pagando a un coste muy alto durante todo el año, incluyendo los cuatro, cinco, seis, siete u ocho meses en que no la usa. En dicha negociación, Asaja ha abogado porque se cobre solamente por la potencia que se usa, lo que supondría una reducción considerable de costes para los regantes, que de otro modo se están viendo presionados a abandonar su actividad.

La otra peculiaridad del sector agrario está relacionada con el acceso a la energía, dado que en mitad del campo es "imposible hablar de liberalización", puesto que "el agricultor no puede elegir libremente la compañía que desea que le suministre, en muchas zonas trabaja una sola compañía", por lo que se produce una situación de "monopolio de hecho".

En el mejor de los casos, según ha indicado, contará con tan sólo dos ofertas "sospechosamente" similares, por lo que "no existe tampoco un libre mercado de la distribución", algo que desde Asaja se lleva meses denunciando al Gobierno y que ahora va a poner también en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para instarle a que "elimine las trabas al libre mercado y en el caso de que no sea posible, exijirá al Gobierno a que, atendiendo a las peculiaridades del sector agrario, apruebe un Real Decreto que contemple excepciones para el sector agrario, tal y como le permite la normativa europea".