El padre de la menor madrileña que fue obligada a prostituirse durante tres meses en un pueblo de Badajoz acudió a dependencias de la Comunidad de Madrid para notificar que la niña se encontraba con él, con su madre y con una hermana, y que se negaba a que la Administración autonómica asumiera su tutela.

Así lo ha indicado la consejera de Familia y Asuntos Sociales de esta Comunidad, Engracia Hidalgo, que ha apuntado que eso es algo que "finalmente decidirá el juez".

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, Hidalgo ha explicado que el padre se personó en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y que el Gobierno regional lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, el juez de menores y el Grupo de Menores de la Policía (GRUME).

La presidenta Esperanza Aguirre, que el martes anunció que la niña y su familia se encontraban en paradero desconocido y que la Comunidad reclamaba su tutela, ha señalado que la "decisión de quién tiene la tutela la tomará el juez de menores buscando siempre todos, con ayuda del fiscal y del Instituto del Menor, lo mejor para la niña".

"Creo que tendrán que ser esas autoridades las que tendrán que decidir, buscando, como hacen siempre, la garantía de la mejor atención para la niña y la mejor garantía para sus padres, que estoy segura de que están sufriendo mucho", ha afirmado la presidenta.

Aunque el padre aseguró ayer que la niña estaba con él, con su madre y con una hermana, "lo que no decía es dónde", por lo que las autoridades no pudieron comprobarlo.

Aguirre ha asegurado que van a "verificarlo" y a testar "en qué condiciones" se encuentra la menor y si recibe "atención desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, sanitario, etcétera".

El pasado 10 de diciembre, la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid dictaminó a favor de asumir cuanto antes la responsabilidad legal sobre esta menor, tras analizar los informes que los servicios sociales municipales vienen realizando sobre esa familia "desde hace mucho tiempo" y que son "muy prolijos y muy amplios, porque (la niña) lleva mucho tiempo en tratamiento".

Según Aguirre, los servicios sociales municipales comunicaron a la Comunidad de Madrid una primera ocasión en que la niña se fugó en el año 2009, "pero luego nos comunican que parece que está bien con la familia y se archiva el expediente", ha dicho.

Tras reconocer que es "muy probable que se pudiera haber tenido mayor celeridad" en este caso, la presidenta ha rechazado que sea una "cuestión de negligencia por parte de nadie", sino más bien una "concatenación de hechos muy compleja".

Según sus datos, la niña asistió el año pasado a clase y comenzó el presente curso en septiembre, aunque dejó de asistir en octubre, noviembre y diciembre, los tres meses durante los cuales fue supuestamente retenida por un grupo de rumanos y obligada a prostituirse en la localidad pacense de Arroyo de San Serván.