El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley de medidas para potenciar inversiones empresariales en Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas. Esta norma incluye como principales novedades la reducción a la mitad de los trámites administrativos en grandes proyectos de interés estratégico y el establecimiento de fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin esperar a la autorización de la Administración.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el contenido del Decreto-ley, que cuenta con dos bloques diferenciados, uno dirigido a agilizar la ejecución de grandes proyectos estratégicos de inversión empresarial y otro con medidas orientadas a facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas.

El primer conjunto de medidas, según ha expuesto, establece el marco regulador que permitirá identificar proyectos que puedan ser declarados de interés estratégico para Andalucía, por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Este tipo de iniciativas empresariales se beneficiarán de una tramitación preferente y urgente, de manera que se reducirán a la mitad tanto los plazos de los procedimientos administrativos que les afectan como su resolución y notificación.

Estos proyectos deberán dirigirse a inversiones no residenciales y ser coherentes con los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental. Asimismo, se encuadrarán en alguna de las siguientes categorías: industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema productivo; actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico; refuerzo de la implantación de la sociedad del conocimiento y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano; renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales; implantación de nuevas actividades económicas que pueden sustituir a sectores en declive o en reconversión, y aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más desfavorecidas.

La declaración del proyecto de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía corresponde, según Ávila, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que valorará la viabilidad económico-financiera de la iniciativa, su impacto económico en el conjunto de la economía andaluza y los efectos de arrastre en otros sectores, la generación de empleo, el grado de innovación tecnológica, la compatibilidad con la sostenibilidad ambiental y el patrimonio cultural, la repercusión sobre la vertebración territorial y social o el requerimiento de ayudas por parte de las Administraciones públicas andaluzas, entre otros aspectos.

Apoyo a pymes

El segundo bloque del Decreto-ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de las pymes, fundamentalmente la declaración responsable y la comunicación previa. La declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional es un documento en el que el interesado declara que reúne todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar la actividad, dispone de documentación que lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento durante la duración de la misma.

En cuanto a la comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional, este documento pone en conocimiento de la administración pública competente hechos o elementos relativos al inicio de una actividad, indicando los aspectos que puedan condicionar la misma. De este modo, los emprendedores podrán comenzar sus proyectos sin esperar la autorización previa de la Administración, que ejercerá un control a posteriori.

Finalmente, el Decreto-ley también establece que el Consejo de Gobierno deberá aprobar, en el plazo de seis meses, un plan de reducción de cargas administrativas tanto a los proyectos estratégicos como a las pymes.

Según Antonio Ávila, la norma aprobada este martes se enmarca en el proceso de simplificación administrativa que se viene desarrollando en los últimos años a través del plan de medidas en esta materia y de la adecuación de la normativa autonómica a la Directiva europea de servicios en el mercado interior. Esta norma, dirigida fundamentalmente a eliminar barreras administrativas que suponen límites a la actividad económica, conlleva la adecuación de 17 leyes de la comunidad autónoma, así como 92 decretos y 27 órdenes.