CNC investiga a la Junta y a tres organizaciones agrarias por posible fijación de precios de uva y mosto de Jerez

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta y a las organizaciones Unión de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (Uaga-Coag Cádiz), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cádiz (Asaja-Cádiz) y Asevi-Asaja (la sectorial de viñas de Asaja-Cádiz) en el marco del expediente abierto por la posible fijación de precios en el mercado de la uva y el mosto de Jerez.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta y a las organizaciones Unión de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (Uaga-Coag Cádiz), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cádiz (Asaja-Cádiz) y Asevi-Asaja (la sectorial de viñas de Asaja-Cádiz) en el marco del expediente abierto por la posible fijación de precios en el mercado de la uva y el mosto de Jerez.

En un comunicado hecho público este martes, Competencia ha informado de que su Dirección de Investigación decidió el pasado 21 de diciembre ampliar a la Consejería y las organizaciones su investigación dentro del expediente, abierto en febrero de 2009, ante la posibilidad de que hubieran incurrido en prácticas prohibidas en las leyes de Defensa de la Competencia españolas y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La CNC recuerda que la incoación de este expediente fue resultado de una información reservada abierta por la Dirección de Investigación, así como de las inspecciones realizadas el 16 de julio de 2008 en distintas empresas del sector del vino fino de Jerez, así como en la asociación del sector.

Ahora, este área de investigación ha tenido conocimiento de determinada información de la que podría deducirse la participación de las tres organizaciones agrarias y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en un acuerdo de fijación de precios en el mercado de la uva y mosto de Jerez.

Por último, recuerda que se mantiene vigente el plazo máximo de 18 meses iniciado en febrero de 2009 para la instrucción del expediente y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia, sin que la incoación prejuzgue el resultado final de la investigación.

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