El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado no dar vía libre a los nuevos estatutos de las agencias públicas hasta la aprobación definitiva de la reordenación del sector público, que actualmente se tramita como proyecto de Ley en el Parlamento, y ha establecido un plazo máximo de seis meses para su aprobación.

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, esta decisión, que atiende la petición formulada por los sindicatos CCOO y UGT y responde al compromiso asumido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en respuesta parlamentaria al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, pretende "contribuir a un debate abierto en el Parlamento" de la ley de reordenación que permita "despejar las dudas que restan a los funcionarios y empleados públicos de la Junta".

"Queremos un debate abierto, sin cortapisas, que termine de despejar las dudas que mantienen los funcionarios y haga posible, porque para eso se está tramitando como ley, mejorar el decreto en todo aquello que sea mejorable", ha añadido Moreno, que ha dejado claro que en la Junta estamos "convencidos de que estamos impulsando una reforma necesaria, que hace compatibles los derechos de los funcionarios con la necesidad de racionalizar, dar austeridad y modernizar el sector público andaluz".

En su opinión, "la flexibilidad con que la Junta está abordando esta tramitación parlamentaria servirá para que los sindicatos y el personal que ahora mismo no comparte el decreto de reordenación comprendan que en un momento tan difícil como el que estamos pasando el Gobierno andaluz ha tomado las medidas menos perjudiciales para los trabajadores y funcionarios de la Junta, medidas de modernización y eficacia que no lesionan los derechos ni de los funcionarios ni de los empleados públicos en general de la Junta de Andalucía".

En este sentido, Moreno ha destacado que "ya empezamos a conocer las alternativas del PP" y puede ser "un buen momento para empezar a contrastar los distintos modelos", ya que ha apuntado que "tal vez la alternativa de Arenas al decreto de reordenación del sector público sean las propuestas que se están aprobando en Murcia, donde el PP está sin duda realizando medidas muchos más duras y restrictivas en lo que se refiere a los derechos de los funcionarios".

Preguntada sobre si el aplazamiento de los estatutos podría deberse a la necesidad de que haya paz social ante la próxima celebración de las elecciones municipales, Mar Moreno ha señalado que si se buscara una "finalidad electoral, alejaríamos los estatutos del mes de mayo, que es cuando se van a estar confeccionando". "No tiene absolutamente nada que ver con el proceso electoral en ningún caso", ha apuntando.

"Estamos hablando de que si la ley de reordenación de la función pública se aprobara aproximadamente a mitad del mes de febrero, que sería lo razonable, todo el procedimiento de realización de los estatutos tiene que empezar desde cero", ha indicado Moreno, quien ha estimado que el tiempo que se requiere para la elaboración de esos estatutos puede ser de dos o tres meses.

Ha insistido en que la Junta espera que el debate parlamentario sea muy esclarecedor e inspire confianza a los funcionarios y los empleados públicos. "Si a nosotros nos preocuparan las elecciones municipales en relación con los estatutos, no llevaríamos la parte que afecta justo a los estatutos de las empresas públicas a ese periodo", según Moreno, que ha recalcado que se está cumpliendo un compromiso contraído en el Parlamento.

Según la consejera de Presidencia, hubiera sido perfectamente legal aprobar los estatutos a 31 de diciembre, pero podía darse el caso, como así lo expresaron grupos políticos como IU o los sindicatos UGT y CC.OO, de que la aprobación de los estatutos pudiera condicionar el debate parlamentario. "Por lo tanto, lo que hacemos es cumplir un compromiso alcanzado con UGT, con CC.OO y con IU de aplazar la aprobación hasta que la ley esté culminada", ha señalado.