El sector privado sueña con un mundo plagado de cámaras. La tecnología permitiría ya detectar si alguien se deja la bolsa en el metro. Pero un control tan exhaustivo podría chocar con el derecho fundamental a la intimidad del ciudadano. Es la «paradoja» de la videovigilancia, según los especialistas participantes ayer en una jornada de la UAB.

El presidente de la Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, Fernando Fernández, reconoce que tiene que haber «límites» para defender los «legítimos derechos de los ciudadanos», pero se pregunta por  qué, «si no nos molesta que nos pidan el DNI, nos tiene que molestar que vayamos más allá». No habla sólo de cámaras: «es un atraso que no tengamos identificación de ADN», sentencia.