El presidente de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-Andalucía), Juan Manuel Carrasco, y la presidenta de la Asociación de Mujeres para la Lucha contra la Violencia (Amuvi), Pilar Sepúlveda, han firmado este martes un convenio de colaboración para la atención directa e intervención jurídica a las personas con discapacidad intelectual que sufran violencia.

De este modo, según han informado los organismos en un comunicado, mediante el citado convenio, que tendrá una duración de un año, Feaps Andalucía informará a Amuvi sobre los casos de violencia sexual o discriminación que detecte a través de sus entidades integrantes.

Una vez identificadas, las víctimas y sus familias podrán contar con un debido servicio de asesoramiento, con la apertura de un sistema de protección y con la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.

El acuerdo responde a una necesidad detectada por las propias asociaciones de Feaps Andalucía, que han comprobado en los últimos años, un crecimiento de las denuncias. Según han explicado, dicho crecimiento "no se debe en absoluto a un aumento de los casos, sino a que las propias personas con discapacidad, víctimas de agresiones y violencia, se han ido concienciando cada vez más de sus derechos y han perdido el miedo a denunciar".

La propia discapacidad intelectual de las víctimas, las hace más vulnerables e invisibles que el resto de personas en casos de violencia o agresión sexual, según señalan. Este convenio "ayudará a hacer realmente visible y en consecuencia, condenable, esta lacra". apuntan.

Según estudios de la Universidad de California, la incidencia de los abusos sexuales en personas con discapacidad puede ser hasta cuatro veces superior al promedio en la población general. Atendiendo a otro estudio de la Comunidad de Castilla León, con una muestra de 445 niños y adolescentes con discapacidad, en el caso de los niños, el riesgo de abuso se duplica en comparación con sus pares sin discapacidad.

Desde la Consejería para la Igualdad se estima que Andalucía cuenta con unas 54.900 personas con discapacidad intelectual, que podrían beneficiarse de este acuerdo sin precedentes en todo el estado español.