Los responsables de las secciones sindicales de CC.OO. y CGT en Correos, Francisco Velasco y José Luis Ortiz, han denunciado este lunes el cierre de oficinas de Correos en Cantabria así como que la plantilla, integrada por 600 trabajadores, se ha reducido en un centenar de personas en los dos últimos años, y ello sin que haya entrado en vigor la Ley Postal, cuya aprobación ratifica este martes el Congreso.

En rueda de prensa, Velasco ha advertido de las consecuencias del texto para Cantabria, donde en los últimos meses, y sin que esté aún en vigor la normativa que a su juicio "ratifica el apagón postal", se ha cerrado la oficina de Correos en Santillana del Mar y ya no se presta servicio de tarde en Santa Cruz de Bezana, como tampoco lo ha habido en Santander este verano.

Además, ha denunciado que durante el puente de la Constitución el 40 por ciento de la plantilla no estaba en sus puestos, por vacaciones o asuntos propios, pero no hubo sustituciones.

También, ha continuado, están pendientes las reestructuraciones de plantilla de Noja, Cabezón de la Sal, Villacarriedo, Potes, Alceda y Santander, y los sindicatos temen que se esté esperando la entrada en vigor de la ley para acometer estos cambios porque "tendrán más argumentos para reducir plantilla".

Velasco ha expresado su "profundo rechazo" a la Ley Postal porque es "negativa" para el futuro del sector y de los trabajadores de Correos, además de porque se ha cerrado "sin consenso ni diálogo", y ha sufrido un "retraso injustificable" desde 2008, cuando se aprobó la directiva europea que liberaliza el sector en 2011.

Por su parte, Ortiz ha tachado la ley de "liberalizadora" porque "esconde una posible privatización de los servicios", y ha advertido de que tendrá "impactos" para el usuario, como que habrá "ciudadanos de primera y de segunda" según donde vivan porque, por ejemplo, en las zonas rurales se dejará de llevar el correo al domicilio.

Igualmente, ha criticado la reducción de la inversión en Correos de 251 millones en 2008 a 123 millones en 2011, con lo que "mal podrá competir si se reducen las inversiones". También ha disminuido la plantilla en 6.000 trabajadores —funcionarios y laborales— en los últimos tres años.

Además, ha cuestionado que Correos preste el servicio postal universal durante 15 años puesto que se revisará cada cinco, de forma que podrá quedar en manos de operadores privados; y ha denunciado que la ley "rompe la unidad postal del Estado", y abre la puerta a medio o largo plazo a la posibilidad de correos nacionales (vasco, catalán, gallego).

De ahí, ha apuntado, que sólo haya tenido el acuerdo de los partidos y sindicatos nacionalistas, además del sindicato que "apoya" al Gobierno, la UGT. "El Gobierno ha optado por plegarse a los intereses nacionalistas", ha subrayado.

Por todo ello, ambos sindicatos han avanzado que las movilizaciones contra la ley, en la que quedan "flecos" por desarrollar como la financiación y los convenios colectivos, van a continuar coordinados estatalmente.