Aprobado el permiso de investigación para un almacenamiento de dióxido de carbono en Palencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se declara reserva provisional a favor del Estado una zona del área denominada Almacén 3 situada en la provincia de Palencia, para la investigación y eventual explotación de estructuras subterráneas susceptibles de ser un almacenamiento de dióxido de carbono.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se declara reserva provisional a favor del Estado una zona del área denominada Almacén 3 situada en la provincia de Palencia, para la investigación y eventual explotación de estructuras subterráneas susceptibles de ser un almacenamiento de dióxido de carbono.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la formación de un consorcio para la investigación de esta zona denominado Estado Español-Palencia 3, investigación, desarrollo y explotación SL formado por dos entidades dependientes de la Junta de Castilla y León, Enagás, Iberdrola, Gas Natural y la Fundación Estudio Petrofísico y el Estado Español, que estará representado por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Según indica el Gobierno, el pasado julio la empresa Palencia 3, investigación, desarrollo y explotación SL solicitó un permiso para investigar en esta área. La zona declarada ahora reserva del Estado forma parte del área "Almacén 3", que fue inscrita en noviembre de 2007 como posible reserva provisional a favor del Estado junto con otras muchas zonas del territorio español susceptibles de albergar almacenamientos subterráneos de CO2.

Según la legislación vigente, las labores de investigación de una reserva provisional podrán ser explotadas por el Estado, por concurso público entre empresas o por un consorcio entre empresas y Estado, siendo esta última opción por la que se ha optado.

Así, el consorcio queda formado en un 10 por ciento por el Estado y en un 90 por ciento por la empresa, que será la será la encargada de realizar la investigación, cuyos trabajos necesitarán de las correspondientes autorizaciones ambientales previstas en la legislación vigente.

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