El DNI británico no será obligatorio en principio para todo el mundo, sino únicamente para aquellos que se saquen el pasaporte y para los extranjeros que residan legalmente en el país durante más de tres meses.

La Cámara de los Lores, al contrario que el Ejecutivo británico, proponía que el carnet fuera voluntario y no obligatorio.

Pero el gobierno de Tony Blair consiguió hacerse con suficiente respaldo entre sus diputados (algunos de los cuales son contrarios a este proyecto) para desestimar en una votación en los Cámara de los Comunes la enmienda aprobada en la Cámara de los Lores.

Un total de 310 parlamentarios votaron a favor de una moción del Gobierno contra la enmienda de los Lores, frente a 279 que no la apoyaron (entre ellos, al menos 20 laboristas), de 646 escaños que tiene la Cámara de los Comunes.

Para poder ganar esta votación, el Gobierno tuvo que hacer concesiones y acabó respaldando una propuesta de los Lores que exige crear legislación específica si se quiere extender a todo el mundo (y no sólo a quienes quieran el pasaporte) la obligatoriedad del carné.

El texto definitivo de la ley se votará en las próximas semanas, después de ser examinado de nuevo por los Lores.

La misma Cámara de los Comunes aprobó ayer otra enmienda clave por la que el gobierno de Tony Blair tendrá que dar cuenta de los costes del proyecto cada seis meses, y no de forma inmediata y previa a la aprobación de la ley, como querían los Lores.

La reintroducción de un carné de identidad en el Reino Unido ha suscitado una gran polémica entre quienes opinan, como el Gobierno, que es crucial para combatir el terrorismo, la inmigración ilegal y el fraude, y quienes creen que es una afrenta a las libertades civiles.

Los nuevos carnés tendrán un microchip con datos biométricos, como las características del iris o huellas dactilares, una fotografía, e información como nombre, fecha de nacimiento, dirección, nacionalidad y la situación migratoria.

La última vez, en 1952

Los británicos ya tuvieron un carné de identidad de 1939 a 1952, cuando fue abolido por el Gobierno conservador de Winston Churchill después de que el año anterior un ciudadano ganara un recurso ante el Tribunal Superior.

Clarence Willcock, un tintorero londinense de 54 años, cuestionó la necesidad del documento, introducido en la segunda Guerra Mundial junto con la cartilla de racionamiento, después de que la Policía se lo exigiera tras detener su vehículo en una carretera.