Los murcianos que hayan dejado de percibir los 426 euros del Gobierno de la nación podrán solicitar la ayuda de 390 euros de Renta Básica de Inserción de la Comunidad, dotada con un presupuesto de cuatro millones de euros, siendo ampliable esta partida. Según los sindicatos UGT y CCOO, eliminar este subsidio dejará a unas 11.000 familias murcianas sin ningún tipo de recursos.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, durante el balance que ha ofrecido correspondiente a su departamento en el año 2010, en el que ha adelantado que la Comunidad ya tiene prevista esta situación.

Según Bascuñana, "las personas que se vean privadas de estas ayudas tendrán que venir a solicitar la Renta y los atenderemos", aunque ha puntualizado, al respecto, que "no será una ayuda concreta como estaba establecido a los parados de larga duración, sino a aquellas personas que han dejado de recibir esta cantidad y reúnen los requisitos para tener derecho a la Renta Básica de Inserción".

Se trata de ayudas de carácter individual para atender las necesidades básicas de estas personas, entre las que se incluye a los desempleados que no tienen ningún otro recurso. De forma, ha subrayado Bascuñana, que "en caso de que esas personas que estaban recibiendo la ayuda de los 426 euros perciban otros ingresos, pues no tendrán derecho a la Renta Básica de Inserción".

Actualmente, según las cifras que maneja la Consejería, 1.400 personas están recibiendo los 390 euros de la Renta Básica de Inserción.

Centro de día para todas las personas

En esta línea, Bascuñana ha expresado su satisfacción por "el trabajo realizado para completar la red asistencial, tanto en dependencia, discapacidad y personas mayores".

Así, respecto a las plazas en centros de Día para Personas Mayores, el año 2010 se va a cerrar con un balance de 952 plazas, 212 más que en 2007, de las que 335 son propias y 617 concertadas. En este sentido, Bascuñana ha enfatizado que los Centros de Día se potenciarán con la entrada del Grado I Nivel II que se inicia este año en Dependencia "por encima de las prestaciones económicas".

El objetivo, ha dicho, es "intentar que haya Centro de Día para todas las personas", tras lo que ha dejado claro que todo aquel que "no quiera ir a uno de ellos no tendrá posibilidad de obtener estas ayudas económicas".

Con la premisa de que la parte asistencial será "más importante" que la económica, Bascuñana ha comentado que se hará un "esfuerzo" para que las personas de Grado I Nivel II "puedan ir a un Centro de Día y tengan derecho a ello, que no esté a más de 45 kilómetros de su punto residencial".

"Pero, ha insistido, el que no lo quiera no tendrá derecho a prestación económica", aunque se estudiarán casos particulares. No obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que aquellos que pidan una residencia en concreto, la Comunidad se lo denegará, indicándole a la que tiene derecho en todo caso.

Sobre este asunto, ha querido mandar un mensaje a la sociedad de tranquilidad, ya que "hay plazas de residencias en Murcia para atender toda la demanda". Actualmente, 4.970 personas tienen grado protegible y ascienden a 952 (740 al principio de legislatura) las plazas en los Centros de Día; una oferta, a juicio del consejero, "suficiente", puesto que también hay que contar con aquellas que la Comunidad tiene en concierto.

En cuanto a las plazas residenciales para mayores, la red asistencial actual está formada por 678 plazas propias y 1.629 concertadas.

También es reseñable el incremento experimentado en servicios como el de teleasistencia, que en este último año ha registrado un aumento del 228,9 por ciento en el número de beneficiarios, al pasar de 1.037 en 2009 a 3.416 en 2010.

En materia también de prestación personal en relación a discapacitados, el consejero ha recordado el cambio de criterio por el proceso de reconversión de plazas subvencionadas a concertadas. A día de hoy, Política Social tiene 6.201 plazas para estas personas: 2.576 de Atención Temprana, 2.553 plazas propias y concertadas en los centros y 1.072 de subvenciones.

La Consejería también le presta atención a las personas incluidas en los programas de inclusión, cuya inversión este año asciende a 4,5 millones de euros, dirigidos a gitanos, reclusos y ex reclusos, entre otros.

Al respecto, ha señalado que "se ha conseguido que estas personas que tienen pocas posibilidades de encontrar trabajo puedan obtener un contrato laboral 150, mientras que 200 están realizando actividades para mejorar la capacidad laboral y social".

Así, un total de 10.500 personas en situación de especial vulnerabilidad han participado este año en los programas de inclusión social llevados a cabo desde la Consejería de Política Social, que ha invertido casi 5 millones de euros en este proyecto.

Bascuñana también se ha referido al Fondo Asistencial de Pensiones no contributivas, del que se han beneficiado 18.000 personas y concedido 3.789 entre 2007 y 2010, pasando el importe de la cuantía de 312 a 339,70 euros.

En el apartado de la Dirección General de Familia, ha asegurado que "se ha cubierto el compromiso que había en esta legislatura", consistente en que "todos los menores de entre 4 y 36 meses que quisieran tener plaza en los centros de atención a la infancia lo tuviera".

De forma que el año 2010 se va a cerrar con un total de 8.218 plazas repartidas en 110 centros y puntos de Atención a la Infancia (CAI y PAI), para lo que se ha destinado más de 42 millones de euros al objeto de dotar a la Región de plazas suficientes para menores de tres años, como medida fundamental destinada a la conciliación de la vida familiar y laboral.

En el capítulo de Infancia, el consejero se ha referido también a la apuesta por poner en marcha programas destinados al acogimiento temporal de los menores tutelados por la Administración regional, como alternativa a la institucionalización, así como a los programas de Navidad en Familia, Vacaciones en Familia, la red de familias semi profesionalizadas o la de familias amigas, llevados a cabo por la Consejería.

A lo que se une "el esfuerzo presupuestario realizado para financiar a los ayuntamientos y mancomunidades de la Región en la prestación de servicios sociales y que se ha traducido en un incremento del 22 por ciento entre los años 2007 y 2010, destinándose en total 58,7 millones de euros".

Aplicación de la ley de dependencia

Por otra parte, y según el último balance publicado por el Imserso, en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia, la Región, que ocupa el duodécimo lugar por comunidades en cuanto a porcentaje de población, se sitúa en el octavo puesto respecto a la valoración de los dependientes y en el noveno en prestaciones concedidas.

Son más de 23.000 los dependientes que hay reconocidos y 64.100 las solicitudes que la Consejería ha recibido, resolviéndose más de 58.000.

En este sentido, Bascuñana ha precisado que "26.154 personas tiene derecho a estas prestaciones, que están recibiendo, y 4.694 las que a día de hoy están en Grado I Nivel II, que a partir de enero tendrán derecho a esa prestación".