El Ayuntamiento de Otura (Granada) ha suspendido provisionalmente de funciones al secretario de la corporación, Gregorio Marañón Lizana, que denunció al alcalde del municipio, el 'popular' Ignacio Fernández-Sanz, y a su equipo de gobierno por supuestas irregularidades urbanísticas.

El Consistorio le ha abierto un expediente disciplinario para determinar a qué se debe el "excesivo retraso" acumulado en la tramitación e informe de los expedientes administrativos municipales, que "hubiera podido ser causado por la conducta del secretario, por una posible dejación de funciones o un retraso injustificado en el ejercicio de las mismas y pudiendo ser dicha conducta constitutiva de una o varias faltas disciplinarias de carácter grave o muy grave", ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Ya en el año 2009, según el Consistorio, "y ante la posibilidad de que se produjera el vencimiento de plazos administrativos, que supondría un grave perjuicio para los intereses generales del municipio", desde Alcaldía se comenzó a solicitar al secretario municipal la realización de sus funciones por escrito y mediante entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

En 2010, "lejos de solucionarse esta situación y ante la caótica situación administrativa de los asuntos municipales, se tuvo que seguir solicitando la tramitación de expedientes y emisión de informes por vía de registro, a lo que el secretario respondía con negativas y evasivas".

"Viendo las reacciones del funcionario y considerando que podría estar entorpeciendo y dificultando la labor municipal, esta Alcaldía remitió una carta al Colegio Profesional de Secretarios el pasado mes de junio poniendo en su conocimiento los hechos", indica el equipo de gobierno, para el que han sido "preocupantes" las ausencias del secretario "que excedían la normalidad", por lo que el Ayuntamiento certificó sus periodos de baja "y resultó haber estado en dicha situación un total de 425 días entre el 19 de febrero de 2008 y el 23 de febrero de 2010".

Todos estos hechos han dado lugar a la incoación del expediente y a decretar la suspensión provisional de empleo de Marañón, al entender que su permanencia en su puesto de trabajo mientras se tramita el expediente "puede frustrar el buen fin y la imparcialidad del proceso y su presencia diaria en el Ayuntamiento podría generar un clima de conflicto que repercutiría en el bienestar de la ciudadanía". No obstante, durante el tiempo de la suspensión el funcionario tiene derecho a percibir las retribuciones básicas.