Una comisión judicial registra este miércoles las dependencias de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ubicadas en Palma, en una nueva operación contra la corrupción en la que no se descartan detenidos y que gira en torno al supuesto amaño de concursos, entre otras cosas.

Según han informado fuentes cercanas al caso, este asunto lo lleva investigando el juzgado de instrucción número 8 de Palma desde hace dos años, y es relativo a varios delitos de corrupción, entre ellos un supuesto amaño en el concurso del Club Marítimo de Mahón (Menorca) cuando Joan Verger presidía la Autoridad Portuaria.

A la sede de la APB, situada en el Muelle Viejo de Palma, han acudido esta mañana efectivos de la policía judicial, de Hacienda y el propio juez instructor del caso, Antoni Rotger, que ha decretado el secreto de sumario. Entre las dependencias registradas está el despacho del actual director de la APB, Ángel Matías.

Las mismas fuentes no han descartado que se produzcan arrestos a raíz de la operación policial puesta en marcha este miércoles, que abarca varios aspectos de la gestión de la Autoridad Portuaria de las islas.

En el caso del Club Marítimo de Mahón, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga desde principios del 2009 las irregularidades denunciadas por el anterior presidente del club, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del muelle de Levante en el puerto de Mahón.

Los hechos objeto de investigación han sido las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.

Autoridad Portuaria de Baleares confirmó el 30 de noviembre de 2008 la concesión a la empresa Trapsayates SL para explotar estos amarres muelle, situados entre Cala Figuera y la punta des Rellotge del puerto mahonés por un período de catorce años y diez meses.

El Club Marítimo de Mahón, cuyas instalaciones sociales están ubicadas en esta zona del puerto, había venido gestionando los amarres. La concesión otorgada a la entidad deportiva caducó en noviembre del 2001, pero fue renovada en dos ocasiones, hasta que en septiembre del 2003 Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Joan Verger, convocó concurso para una nueva adjudicación.

De las cuatro ofertas presentadas -Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo de Mahón y Trapsayates- fue escogida la de Trapsa, que desde octubre de 2008 contó con un permiso de ocupación temporal, después de que el consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares eligiese la propuesta de Trapsayates como la solución más ventajosa del concurso.

Trapsa se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante los casi quince años que durará la concesión y una inversión inicial para la mejora de las instalaciones actuales de 2,9 millones de euros.

El Club Marítimo de Mahón se movilizó para seguir gestionando los amarres. Reclamó la anulación de la adjudicación del concurso, mientras que el delegado de Apeam en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, solicitó anular el informe de la comisión técnica aprobado por el consejo de administración de la APB. En ambos casos al considerar que el proyecto de Trapsayates incumplía las bases del concurso. Ambas alegaciones han sido rechazadas.