Una jurídica del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), que ha declarado en calidad de testigo ante la jueza que instruye el caso Voltor, ha aseverado que una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por dos mercantiles vinculadas al empresario Jacinto Farrús, imputado en esta causa, resultó favorecida de un día para otro en un concurso de 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, pese a que otras dos sociedades estaban mejor valoradas.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, en el marco de la pieza 10 del caso Voltor (centrada en Farrús), Magdalena Coll ha subrayado que pese a que no es técnica para valorar de qué forma fue presuntamente manipulado el informe en el que aparecían las valoraciones de las empresas licitantes, se mostró sorprendida cuando comprobó que el documento había sido cambiado de un viernes a un lunes.

Según las pesquisas, tanto la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial como Seico 9 SL eran las dos sociedades que mejor valoración tenían, pese a que en el último momento la UTE formada por Torun Consulting y THR Asesores -en la que figura Farrús como apoderado- pasó de estar en un quinto lugar al primero, hecho que fue denunciado ante Fiscalía por los administradores de las mercantiles perjudicadas al entender que la adjudicación se había llevado a cabo de forma irregular y que podía haber un trato de favor hacia la ganadora.

Es más, la testigo ha apuntado hacia Luisa Tortella, ex directora del CITTIB y ahijada de la ex presidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, como la persona que modificó las valoraciones del concurso, cuyo importe ascendía a un total de 343.360 euros y al que se presentaron un total de 13 licitantes, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Mientras tanto, también ha sido interrogado uno de los administradores de Torun Consulting, Guillermo Bongiovani, quien ha sido interrogado por cuatro concursos de 'benchmarking' a los que concurrió pese a que finalmente quedaron desiertos, y que presuntamente estaban dados de antemano a la empresa Marxant, propiedad también de Farrús. El encausado ha aseverado que dejó Torun debido a que los contratos ya estaban concedidos de antemano y no podía tramitarlos.

Estaba previsto que los interrogatorios se reanudasen este miércoles pese a que finalmente han quedado suspendidas las declaraciones previstas del ex contable de UM, Álvaro Llompart, y la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con cuya denuncia se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en torno a estas investigaciones.

Las pesquisas sitúan a Farrús, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.

A nivel global, las pesquisas del caso Voltor se centran en un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.