Más de 120 personas participan en la jornada sobre la regulación de Residuos de Construcción y Demolición

La Cámara de Comercio de Cantabria ha celebrado la última jornada del año relativa a medio ambiente, en la que dos técnicos de CIMAS Innovación y Medio Ambiente explicaron a más de 120 asistentes la nueva regulación de los residuos de construcción y demolición (RCD), y presentaron una guía práctica elaborada por la Consejería de Medio Ambiente para facilitar a los agentes implicados su correcta aplicación.
Asistentes a la jornada
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Asistentes a la jornada

La Cámara de Comercio de Cantabria ha celebrado la última jornada del año relativa a medio ambiente, en la que dos técnicos de CIMAS Innovación y Medio Ambiente explicaron a más de 120 asistentes la nueva regulación de los residuos de construcción y demolición (RCD), y presentaron una guía práctica elaborada por la Consejería de Medio Ambiente para facilitar a los agentes implicados su correcta aplicación.

Según ha informado la Cámara este martes, durante la jornada, que se celebró este lunes y que estaba enmarcada en las actividades del Foro Empresarial de Medio Ambiente, que patrocina la Consejería con el apoyo y colaboración de CEOE, estuvieron presentes el director de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de Cantabria, Martín Silván; un representante de la Consejería, Carlos Díaz; y un representante de CEOE, Gregorio Fontecilla.

Silván destacó la complejidad de la normativa de este tipo de residuos y señaló la importancia de la jornada para ayudar a los agentes implicados en la gestión de residuos de construcción y demolición en Cantabria a interpretar con más facilidad la guía elaborada por la Consejería de Medio Ambiente.

En este sentido, Díaz explicó que esta guía pretende clarificar algunos aspectos relativos a los distintos tipos de residuos que se pueden encontrar dentro de los RCD y repasar las obligaciones que tienen que asumir los implicados en una correcta manipulación y gestión de residuos. Además, subrayó la importancia del documento porque "este tipo de residuos han supuesto una problemática ambiental de gran trascendencia en los últimos años".

Por su parte, los técnicos de CIMAS Innovación y Medio Ambiente y redactores de la guía, Mónica Mañueco y Lander Fernández, fueron los encargados de explicar a los asistentes las principales novedades legislativas sobre los RCD, es decir, las sustancias que se generan en las obras de construcción o demolición de grandes dimensiones, los flujos administrativos en su gestión y las obligaciones de los agentes implicados.

Infraestructuras de reciclaje

Mañueco explicó que en la producción y gestión de residuos de construcción y demolición existen diferentes normativas europeas, estatales, autonómicas y locales, pero señaló que principalmente la normativa inicial que deben seguir todos los agentes que intervienen la gestión de este tipo de residuos es la Ley 10/1998, de 21 de abril, pero también el Real Decreto 72/2010, de 28 de octubre, aprobado por el Gobierno de Cantabria, que contempla novedades.

En cuanto a las infraestructuras de reciclaje de este tipo de residuos en la comunidad autónoma, la especialista destacó que actualmente existen dos, ubicadas en Meruelo y Camargo, y ha adelantado que en unos meses se abrirán otras tres instalaciones de iniciativa privada. Además, recordó que el pasado 10 de noviembre se prohibió depositar este tipo de residuos en el vertedero de El Mazo, el único que existía en Cantabria hasta 2009.

Mañueco también subrayó la importancia de diferenciar dentro de los RCD los que son peligrosos (inflamables, tóxicos y corrosivos) de los que no lo son, porque deberán ser separados y gestionados de diferente forma. Y además, recordó que es necesario potenciar la prevención en la utilización de este tipo de residuos, también la reutilización y reciclado.

Por su parte, Antepara explicó a los asistentes las principales obligaciones de los agentes implicados en la gestión de residuos generados en obras de construcción o demolición de grandes dimensiones, principalmente las obligaciones antes de la realización de la obra, durante su ejecución, y al finalizar, de promotores, contratistas y de los ayuntamientos.

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