El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado este martes que el Gobierno de la Comunidad aprobará el próximo jueves el reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Herrera se expresó así en respuesta a una pregunta del procurador del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero, quien interpeló al jefe del Ejecutivo regional sobre el previsible incremento de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía tras la supresión de la prestación de 426 euros anunciada por el Gobierno central.

En este contexto, el presidente de la Junta ha afirmado que "no se dejará tirados" a los parados de larga duración que perderán el subsidio de 426 euros a partir de febrero y para ello se trabaja en el seno del Diálogo Social en la Comunidad para buscar acuerdos en el ámbito de la empleabilidad.

Herrera afirmó que esta supresión es un "buen ejemplo" de las contradicciones del Gobierno central sobre todo cuando la marcha atrás de las medidas sociales se aplican en quienes más las necesitan y considera que es "injustificable" esta decisión.

A este respecto, aseguró que en lugar de dar respuesta a la finalización de los plazos para un número cada vez mayor de parados la pretende encima dejar en la mesa de las comunidades, que no pueden hacerse cargo de todo lo que el Gobierno "abandona", ya que están pendientes de un cumplimiento de déficit y de un orden competencias.

Así, recordó que las políticas activas de empleo son competencia del Estado, pero al mismo tiempo incidió en que se trata de parados en situación de especial necesidad y "ni han estado ni van a estar desamparados".

Diálogo social

Herrera aclaró que estas personas no se enmarcan en una prestación social por causa de exclusión la que debe amparar esta situación, sino el de la empleabilidad, el de las políticas para el empleo, y aseguró que se trabaja en esta cuestión en el marco del Diálogo Social con los agentes económicos y sociales.

El jefe del Ejecutivo regional recordó que Castilla y León fue pionera a la hora de llegar a un acuerdo para establecer los itinerarios activos de empleo dirigidos precisamente, en el marco de las políticas activas de empleo, a acciones de orientación y formación de este colectivo de parados de larga duración que perdía el derecho al subsidio.

En la actualidad, explicó, se está revisando, reorientando y se reforzarán presupuestariamente los programas de empleo de 2011 de la mano del Diálogo Social y reconoció la "especial sensibilidad" de los agentes económicos y sociales de cara a este colectivo, al que se le quieren aplicar de manera preferencial las políticas activas de empleo porque "es la mejor reinserción" y el objetivo que ellos persiguen.

Para ello, aseguró que además de que sean prioritarios en las líneas de apoyo del empleo público, se habilitarán fórmulas de incentivo de la contratación privada definitiva o temporal y, en paralelo, para las situaciones que pudieran producirse y cumplan las condiciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se atenderá a los que no abandonarán.

En su turno de intervención, Joaquín Otero sólo quiso hacer un "ruego" al presidente de la Junta, al que pidió que dado que el subsidio dejará de percibirse a partir del mes de febrero, el Diálogo Social se agilice de forma que en febrero, si es posible en enero, puedan ser efectivos los acuerdos para que se pongan en marcha este tipo de subsidios de naturaleza "laboral".

Otero, al formular su pregunta, se refirió a "los más débiles" como las personas que perderán el derecho a percibir los 426 euros en febrero y cifró en 5.000 personas más que las 5.000 que se calcula que solicitarán la Renta Garantizada podrían perder esta ayuda en la Comunidad.