El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Agustín Cuervas-Mons, ha planteado dudas sobre la legalidad de la operación incluida en el proyecto de ley del Principado de Asturias por la cual la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) se endeudará para comprar unas 7.000 viviendas que actualmente son patrimonio del Principado, lo que supondrá un ingreso para el Gobierno regional de más de cien millones. A juicio del PP, la operación impulsada por el Ejecutivo regional es una "chapuza".

Así se ha manifestado en su turno de fijación de posición en la comparecencia presupuestaria de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, que ha estado acompañada de su equipo en el Parlamento asturiano.

Según el PP, la operación "hace aguas por todos los lados" y significará que Vipasa adquirirá unas viviendas "que no sabe muy bien a qué precio ni con qué fin". Cuervas-Mons ha recordado unas recientes declaraciones del coordinador de IU de Asturias, Jesús Iglesias, quien manifestó que las viviendas que se adquirirán por algo más de cien millones valen en realidad 240 millones de euros.

"El Principado no puede vender algo por debajo o por encima de su valor", ha insistido el diputado del PP, que ha añadido que, de hacerlo, su partido exigirá responsabilidades en los tribunales a la Consejera.

Cuervas-Mons ha explicado que esas viviendas están fueras del mercado y sólo se pueden vender a sus inquilinos. "Por eso es imposible materializar ese convenio, nosotros velaremos por la seguridad de esos inquilinos", ha comentado, acusando al Principado de "jugar" con la seguridad jurídica de los inquilinos de esas viviendas.

El PP también ha preguntado por si estaban calculados los gastos extras de la operación o por qué no aparecía la misma en la memoria de actividades de Vipasa. Noemí Martín ha respondido que Vipasa no puede contemplarla aún hasta que no lo apruebe su consejo de administración. Así, ha explicado que lo que viene incluido en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de 2011 es la autorización para realizar la citada venta.

Así, la dirigente regional ha defendido la operación citada porque servirá para conseguir recursos encaminados a "garantizar el gasto social y la inversión". Además, ha señalado que se van a salvaguardar una serie de "garantías", en el sentido de que la transferencia va a ser para el sector público, que se mantienen los alquileres y que sólo unas cuantas viviendas se ofrecerán a los inquilinos, que serán sustituidas.

Bienestar social

Por su parte, el PP también ha cargado contra la política del Principado en todo lo que tiene que ver con Bienestar Social. El debate subió de tono cuando la diputada del PP en el Parlamento asturiano, Inmaculada González, acusó a los responsables regionales de mantener una conducta "impresentable" y de no tener "ni idea", por no ofrecer cifras concretas en relación a los costes de la ley de dependencia en Asturias

Previamente el director de servicios y prestaciones sociales, Pedro Rodríguez, había señalado que el Principado habrá puesto a finales de año unos 225 millones y la Administración estatal 41 millones.

Noemí Martín ha señalado que su departamento está haciendo un "esfuerzo" importante para intentar acortar los plazos de tramitación, estando ahora mismo establecidos en una media de doce o trece meses. "Son periodos excesivos" ha admitido, insistiendo en que el objetivo es acortar esos plazos.

Por otro lado, y a preguntas del PP, Martín ha garantizado que todas las personas que tengan derecho a la prestación del Salario Social Básico lo recibirán. En este caso, el plazo de tramitación se fija en tres meses y medio.

En la explicación de las cuentas de su departamento, Noemí Martín, ha señalado que los presupuestos de su Consejería para el próximo alcanzan una cifra total de 372 millones de euros. "Es un presupuesto muy ajustado en el que se ha hecho un gran esfuerzo para priorizar la protección social, el desarrollo de la Ley de Dependencia y las ayudas a la vivienda en un contexto de crisis y recortes sociales en Europa", ha destacado.

La consejera ha señalado que las prioridades de este presupuesto han pasado por "considerar crédito ampliable la partida destinada al desarrollo de la Ley de Dependencia" y que "por primera vez se adopta esta decisión con el fin de disponer de los recursos que sean necesarios para garantizar la atención a las personas que tengan reconocido este derecho".

La diputada del PSOE Clara Costales ha señalado que las cuentas cumplen con los objetivos de la ley de dependencia y el refuerzo del salario social. Reflejan, a su juicio, el "compromiso social" del Gobierno con todas las personas que viven en Asturias. Además ha acusado al PP de limitarse "vaguedades y generalidades". Mientras, la diputada de IU-Verdes, Emilia Vázquez comenta que las cifras son "inapelables" y que están avaladas por un trabajo anterior. "Asturias ha experimentado un aumento considerable en el bienestar social", ha subrayado.