El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes el dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de Cantabria con los votos a favor de PSOE y PRC y en contra del PP, cuyas enmiendas también han sido rechazadas.

El texto, según el consejero de Sanidad, Luis Truan, permitirá mejorar la administración del servicio sanitario y el régimen jurídico de su personal, impulsando su compromiso, responsabilidad y motivación, lo que redundará en un mejor servicio sanitario cuya calidad sea "su razón de ser".

Sin embargo, a juicio del PP, la normativa busca la "obediencia" frente a la "excelencia", porque pretende "perpetuar el sectarismo y la endogamia", y su "arbitrariedad", asegura, genera "inseguridad jurídica".

El titular de Sanidad ha explicado que el proyecto pretende consolidar el sistema sanitario público de Cantabria, ha sido elaborado "con rigor" y pretende resolver "dicotomías y solapamientos" entre el estatuto marco y el estatuto básico, aportando "mayor seguridad jurídica y claridad" en el régimen aplicable al personal estatutario, que se "moderniza y clarifica".

Truan ha señalado que el documento —que se estructura en 15 capítulos, que integran 93 artículos, diez disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y una final— se ha "enriquecido" con "diversas sensibilidades", y ha apuntado que favorece la homogeneización del personal que preste servicios en el SCS.

El proyecto presta especial atención a la planificación y ordenación de los recursos humanos, y contempla la dotación con instrumentos que permitan dimensionar adecuadamente las plantillas. Además, incorpora criterios de ordenación orgánica y funcional "modernos y flexibles" y prevé la creación de un Observatorio de Recursos Humanos para facilitar la toma de decisiones.

Por otra parte, fomenta la flexibilidad en la prestación de servicios cuando las necesidades coyunturales o estratégicas del SCS lo hagan conveniente; recoge la jubilación forzosa ya establecida; opta por el sistema de concurso baremado cuando las tareas o el nivel de cualificación lo hagan conveniente; defiende la carrera para el personal fijo y los procesos de estabilidad para el personal temporal; contempla un nuevo complemento, de investigación, y la incorporación de las cuantías del 'acuerdo marco'; y amplía el abanico de faltas y sanciones de la normativa estatal.

Por todo ello, para Truan, se trata de una ley "con gran trascendencia" para el futuro del servicio de salud de Cantabria, para la que "sería deseable" que se produjese "el mayor consenso".

Beneficio a los afines

Sin embargo, este consenso no ha existido porque el PP difiere en cuanto a oportunidad, formas y contenido. Así, según ha precisado la diputada María José Sáenz de Buruaga, siete años después de aprobado el estatuto marco, el proyecto de ley de personal estatutario es una labor que "debería haberse confiado al próximo gobierno".

Además, ha continuado, los 'populares' no están de acuerdo con las formas pues, en su opinión, el proyecto "se ha despachado como un trámite", con un "claro déficit de debate y negociación" con el sector; ni tampoco con el contenido, de "carácter ideológico", "cargado de arbitrariedad" que genera "inseguridad jurídica", que da "escasa consideración" al personal y que otorga cobertura legal "a todo lo que ha sido imposición".

También, ha denunciado que el texto pretende la movilidad forzosa, presenta un régimen sancionador "viciado", y tiene retribuciones "cicateras" para el personal estatutario mientras es "generoso con los afines, a los que pretende consolidar".

En este sentido, para la parlamentaria, la normativa está "al servicio del régimen" porque "aupa y consolida los beneficios de los afines al régimen y doblega y aparta a los que no lo son", mientras que al usuario "le toca el papel de ser la excusa".

Sáez de Buruaga ha reiterado que a los modelos del Gobierno regional y del PP les "separa un abismo", porque mientras el primero "busca la adhesión", el segundo quiere "el consenso".

Por todo ello, por "coherencia y responsabilidad", ha dicho, el PP no puede apoyar un proyecto que "profundizará en el agujero del deterioro de la sanidad".

Por su parte, la diputada socialista, Purificación Saiz, ha lamentado que pese al "trabajo duro" no se ha conseguido "el objetivo final" que era "alcanzar el consenso" porque, ha afirmado, se trata de un instrumento "capaz de disminuir la conflictividad y de generar seguridad jurídica".

Mientras, la parlamentaria regionalista, Alodia Blanco, ha reconocido que ésta no es la ley que hubiera hecho el PRC si gobernara en solitario, aunque sí es "fruto del consenso, del diálogo y de la buena voluntad". También ha acusado al PP de tener dos modelos, uno cuando gobierna y otro cuando está en la oposición.