Facua-Consumidores en Acción ha confirmado que interpondrá una denuncia penal, a comienzos de esta semana, ante el Juzgado Central de Instrucción a los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre, así como a los "instigadores y colaboradores" de este paro que provocó el cierre del espacio aéreo español.

Según ha explicado FACUA, en su denuncia penal plantea que estos hechos pudieran ser constitutivos de cuatro delitos tipificados en el Código Penal: sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos y falsedad documental por parte de profesionales médicos que firmaron las bajas de los controladores.

La asociación ha señalado que es la primera actuación judicial que ha emprendido en relación a este suceso pero, según ha apuntado, posteriormente se plantearán otras con el fin de reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los alrededor de 5.000 usuarios que han solicitado su asesoramiento a través de la página web www.facua.org/cancelaciones.

En este sentido, ha explicado que entre las quejas de estos viajeros afectaados se encuentra que las aerolíneas no les ofrecieron comida, bebida, alojamiento o transportes alternativos, vulnerando con ello el Reglamento europeo.

El pasado 9 de diciembre, FACUA denunció al Gobierno ante la Comisión Europea por no garantizar el cumplimiento del Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

Además, la asociación ha pedido al comisario de Transportes y vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, que abra una investigación ante la falta de inspecciones del Ministerio de Fomento a las aerolíneas en los aeropuertos; y el día 10, la asociación solicitó a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento que investigue a la totalidad de compañías aéreas con vuelos cancelados durante el pasado puente de diciembre para que actúe ante la falta de asistencia a los pasajeros con multas proporcionales al número de vuelos en los que vulneraron la normativa y los usuarios afectados.