El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo parcial de IULV-CA, una proposición no de Ley presentada por el PP-A en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a poner en marcha las actuaciones necesarias para llevar a cabo una auditoria independiente sobre el funcionamiento y gestión de las empresas públicas, fundaciones y entidades asimiladas.

En la iniciativa también se demandaba la derogación del decreto-ley de reordenación del sector público, —convalidado este jueves por el Pleno del Parlamento andaluz— y que la Junta estableciera cauces de promoción del diálogo, la participación y la negociación en esta materia, dando cabida a los sindicatos, incluyendo todos aquellos que son representativos de la función pública, y a expertos de reconocido prestigio en Derecho Administrativo y Laboral.

En su turno de intervención, el diputado socialista José Caballos ha dicho que se debate una proposición no de Ley para derogar un decreto-ley que hemos convalidado "hace unas horas". "Casi cabría decir que debe haber razones del Reglamento que el sentido común no entiende pero así son las cosas", ha señalado Caballos, quien ha dicho que luego "nos quejaremos de la desafección de los ciudadanos respecto a la política".

Caballos ha asegurado que el PP-A no cambia "el disco rallado", aunque sólo fuera por que este Parlamento "no hiciera el ridículo" ante la sociedad andaluza si es que, por cualquier circunstancia, se contradijera dos o tres horas respecto a lo que ya ha votado. En su opinión, esta propuesta de los 'populares' tiene un problema de credibilidad y de legitimidad de origen.

Asimismo, el diputado socialista ha pedido que el presidente del PP-A, Javier Arenas, si quiere tener legitimidad, haga una circular y se la mande a los presidentes autonómicos de su partido, "que también están reordenando sus sectores públicos". "En Castilla y León y Galicia también tendrían que ir al Constitucional para que sean coherentes porque hay normativas similares a la de Andalucía", ha concluido.

En su defensa de la proposición no de Ley, la portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Esperanza Oña, ha indicado que el Gobierno andaluz ha "boicoteado" a todos los sindicatos que no están de acuerdo con la "tropelía" que supone el decreto-ley de reordenación del sector público. A su juicio, es una "pantomima" lo que se va a hacer con la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley porque no se garantiza que se acepten las aportaciones del PP-A e IULV-CA.

En esta línea, ha considerado que el Gobierno andaluz va permitir que unas 20.000 personas "afines" entren por la "puerta de atrás" en la "administración paralela", una manera de "atrincherarse" ante una posible derrota electoral. "Han insultado a los trabajadores que se oponen a este decreto, les han llamado radicales, mentirosos y tardofranquistas", ha apuntado Oña, quien ha criticado que se estén haciendo "listas negras" de los empleados que se han manifestado en contra.

Finalmente, el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Diego Valderas, ha considerado que seguir en la "bronca política" no va a beneficiar ni a los empleados públicos ni al conjunto de la ciudadanía. Ha hecho un llamamiento al diálogo y ha dicho que la iniciativa del PP-A llega tarde en un debate de confrontación, "que es un error político". "Hurgar en la diferencia nos aleja y hace más difícil alcanzar un acuerdo", ha concluido.