La Audiencia anula la fianza de unos de los detenidos en la operación de corrupción urbanística en Murcia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación que ha presentado el abogado de Higinio P.M., uno de los detenidos en la operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, anulando, de este modo, la fianza de 100.000 euros que se le impuso.
Higinio Pérez a la salida de los juzgados en octubre de 2010
Higinio Pérez a la salida de los juzgados en octubre de 2010
EP
Higinio Pérez a la salida de los juzgados en octubre de 2010

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación que ha presentado el abogado de Higinio P.M., uno de los detenidos en la operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, anulando, de este modo, la fianza de 100.000 euros que se le impuso.

Según el auto de la Audiencia, se estima el recurso del letrado contra el auto que dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, en el que se fijó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, aunque el Ministerio Público solicitó una fianza de 240.000 euros.

De forma que se decreta la libertad provisional sin fianza al no concurrir los fines para sustentar las medidas cautelares impuestas en un principio, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Estas medidas cautelares se practicaron en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

La operación se inició el pasado mes de octubre con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, como presunto autor de un delito de prevaricación; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, entre otros.

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