El ayuntamiento de Palma se ha incautado, desde la aprobación de la ordenanza de consumo el pasado mes de junio, de un total de 2.167 productos falsificados en 71 inspecciones realizadas en establecimientos de la ciudad, principalmente de textil y calzado.

La concejala de Relaciones Institucionales, Turismo, Comercio y Consumo de Palma, Joana Maria Borràs, ha informado de estas actuaciones en una rueda de prensa con motivo de la participación del ayuntamiento en una campaña comunitaria que pretende sensibilizar a la población acerca de los efectos negativos de la compraventa de productos falsificados.

Borràs ha estado acompañada por el gerente del Instituto Municipal de Protección del Consumidor (IMPC), Xavier Pascuet, y el director general de la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema), José Antonio Moreno, que se ha desplazado a Palma para presentar esta campaña que se realizará durante el día de hoy en la plaza de la Puerta Pintada de Palma, donde se ha ubicado una carpa informativa.

La concejala ha incidido en la necesidad de que los sectores afectados por este tipo de actividad creen comisiones para estudiar la creación de una nueva normativa que, "siempre respetando los derechos constitucionales, permita de forma efectiva e inmediata la incautación de cualquier falsificación que se vende en la calle o comercio".

Borràs ha explicado que la intención es que las personas acusadas de este tipo de delitos no congestionen la gestión judicial por cargos que no les impiden salir el mismo día a la calle para continuar con su actividad.

Además, Borràs ha agregado que las inspecciones que se han hecho tras la aprobación de la ordenanza han creado una especie de "efecto llamada" entre los comerciantes, los cuales se han apresurado por adaptar sus productos a la normativa.

Cabe señalar, que tras las 71 inspecciones realizadas en comercios de Palma, se ha remitido un total de 22 expedientes a la Dirección General de Consumo, que es la encarga de tramitar el expediente sancionador para establecer después la posible multa.

Lacra para el tejido comercial

Borràs ha subrayado que la compraventa de falsificaciones es "una lacra" que afecta negativamente al tejido comercial, la seguridad ciudadana y la administración judicial.

En esta línea, se ha expresado también el director general de Andema, quien ha afirmado que "detrás de una manta en la que se vende un perfume o un bolso hay mucho más que el propio producto", en referencia a la destrucción del tejido comercial, más desempleo, menos ingresos públicos y peligro para la seguridad de los consumidores (dado que estos productos no han pasado ningún tipo de control de sanitario ni de calidad).

"Detrás de todo esto hay un negocio criminal, globalizado, mundial y muy profesional que utiliza la compraventa de las falsificaciones como negocio tremendamente lucrativo que blanquear dinero".

Moreno ha añadido que este tipo de actividad sirve de "refugio más blando" para "aquellos criminales que entienden que este tipo penal es más blando que el tipo de la prostitución, o el de la venta de armas o la venta de drogas".

Asimismo, Moreno ha hecho hincapié en que la "invasión del espacio público" que hace la venta ambulante tiene una repercusión en la imagen de las ciudades, especialmente para las turísticas como puede ser Palma.